En una decisión sin precedentes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó al expresidente Jair Bolsonaro portar una tobillera de rastreo electrónico, como parte de una serie de medidas cautelares impuestas en el marco del juicio que enfrenta por presuntamente liderar un intento de golpe de Estado para revertir los resultados de las elecciones de 2022.
La orden judicial también restringe severamente los movimientos y comunicaciones del exmandatario: no podrá salir de su domicilio por la noche, acercarse a embajadas, usar redes sociales ni mantener contacto con otros investigados, incluido su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien reside actualmente en Estados Unidos.
“Es una humillación suprema”, declaró Jair Bolsonaro a medios brasileños tras colocarse el dispositivo de localización en su residencia de Brasilia, donde esta mañana agentes de la Policía Federal realizaron registros tanto en su domicilio como en la sede de su partido.
El juez Alexandre de Moraes, quien instruye el caso en el Supremo Tribunal, argumentó que las acciones del expresidente y su hijo constituyen “confesiones flagrantes de conducta criminal”, aludiendo a obstrucción de la justicia, coerción durante procesos legales y ataques a la soberanía nacional. De Moraes también vinculó las medidas con una segunda investigación contra Eduardo Bolsonaro, señalado de colaborar con autoridades estadounidenses para imponer sanciones contra funcionarios brasileños.
Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump —viejo aliado de Bolsonaro— salió en defensa del exmandatario. En un mensaje publicado calificó el proceso judicial en su contra como “terrible e injusto”, y pidió su cancelación inmediata. “¡Este juicio debería terminar de inmediato!”, escribió, añadiendo que expresó su desacuerdo a través de medidas comerciales, como un reciente arancel del 50% a importaciones brasileñas, decisión que justificó en apoyo a Bolsonaro.
En Brasilia, imágenes aéreas de medios locales mostraron un fuerte despliegue policial en las inmediaciones del domicilio de Bolsonaro. El legislador Sóstenes Cavalcante, líder de su partido en la cámara baja, denunció la operación como parte de una “persecución política contra conservadores”.
Por su parte, Eduardo Bolsonaro denunció en la red social X que “Alexandre de Moraes redobló la apuesta”, mientras su hermano, el senador Flávio Bolsonaro, lamentó que el expresidente tenga prohibido hablar con su propio hijo, calificándolo como “el mayor símbolo del odio que ha consumido al juez”.
El fiscal general Paulo Gonet fue categórico esta semana en un informe presentado al Supremo: “La evidencia es clara: el acusado actuó sistemáticamente, durante todo su mandato y tras su derrota, para incitar la insurrección y desestabilizar el estado democrático de derecho”.
El juicio a Bolsonaro, considerado uno de los más delicados en la historia reciente de Brasil, está programado para reanudarse entre agosto y septiembre. Pese a las presiones desde Washington, una fuente interna del Supremo confirmó que los jueces no se dejarán influenciar por factores externos, incluyendo las represalias comerciales impuestas por Estados Unidos.
Mientras tanto, Jair Bolsonaro insiste en que es víctima de una “cacería de brujas”, repitiendo el mismo discurso que su aliado norteamericano ha utilizado frente a sus propios procesos judiciales.
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