En un contundente mensaje de independencia judicial y soberanía nacional, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, anunció que el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado continuará adelante, pese a las sanciones impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump.
Durante una sesión plenaria del STF celebrada este viernes en Brasilia, De Moraes aseguró que el tribunal juzgará «a todos los responsables», sin dejarse amedrentar por presiones externas ni internas:
“Absolviendo a quienes no tengan pruebas en su contra, condenando a quienes las tengan, pero juzgando, ejerciendo nuestra función judicial y sin acobardarnos ante amenazas, vengan de aquí o de cualquier otro lugar”.
La firme postura del magistrado se da luego de que el gobierno de Trump incluyera a De Moraes en la Ley Magnitsky —una norma que permite sancionar a extranjeros por presunta corrupción o violaciones a los derechos humanos— y revocara sus visados y los de sus familiares. Además, Washington impuso un arancel adicional del 50% a varias importaciones brasileñas, argumentando una supuesta persecución política contra Bolsonaro.
De Moraes, quien lidera la causa por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, defendió la transparencia del proceso, el cual ha sido retransmitido públicamente, y criticó las “coacciones tiránicas” que buscan archivar el caso:
“No hay espacio para chantajes. Las instituciones brasileñas son fuertes y no se curvarán”.
Aunque sin mencionar directamente a Trump, el juez acusó a quienes respaldan la injerencia extranjera de actuar como “una organización miliciana” y de ser “traidores de la patria”. Entre ellos, señaló indirectamente a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien permanece en Estados Unidos desde hace cinco meses y es investigado por su presunta participación en maniobras para obstruir el juicio.
El caso contra Bolsonaro —acusado de liderar un plan para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva— se encuentra en su etapa final y se espera que concluya hacia finales de 2025.
El presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, y el juez Gilmar Mendes respaldaron públicamente a De Moraes, reafirmando el compromiso del tribunal con el Estado de derecho y la soberanía brasileña.
Mientras tanto, en Sao Paulo, decenas de manifestantes se concentraron frente al consulado de Estados Unidos en protesta contra las sanciones, portando pancartas en defensa de la soberanía nacional y quemando figuras de Trump y Bolsonaro. La movilización, convocada por sindicatos y organizaciones sociales, también condenó la injerencia extranjera en los asuntos internos de Brasil y Palestina.
El pulso diplomático entre Brasil y Estados Unidos marca un nuevo capítulo de tensión, en el que el Poder Judicial brasileño se presenta como pilar central en la defensa del orden constitucional y la democracia.
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