El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó su deseo personal de mantenerse en el poder durante al menos diez años más, aunque reconoció que su permanencia dependerá de factores políticos, familiares y electorales.
Durante una entrevista concedida al creador de contenido español David Cánovas Martínez, conocido como The Grefg, el mandatario explicó que no tiene prisa por dejar el cargo y que, desde su perspectiva personal, le gustaría seguir gobernando más allá del actual periodo presidencial. Sin embargo, aclaró que no se trata de una imposición ni de un hecho garantizado, ya que el futuro político del país también está en manos de la ciudadanía.
Bukele precisó que su comentario responde únicamente a una preferencia personal, subrayando que podría concluir su gestión en 2027, fecha en la que, tras una reciente reforma constitucional, se adelantaron las elecciones presidenciales.
El jefe de Estado también reveló que había acordado previamente con su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, dejar el Gobierno en 2029, cuando finalizaba su segundo mandato. No obstante, explicó que la aprobación de una reforma constitucional acelerada modificó ese escenario, al permitir que un eventual nuevo periodo presidencial se extienda hasta 2033, lo que complicaría una salida anticipada.
La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó y ratificó en una sola sesión cambios a varios artículos de la Constitución, habilitando a Bukele para competir por un tercer mandato consecutivo. El proceso se realizó sin debate previo ni análisis público, lo que generó críticas de distintos sectores.
Cabe recordar que Bukele asumió su segundo mandato el 1 de junio de 2024, pese a que la Constitución originalmente prohibía la reelección inmediata. Con la reforma, además de permitir una nueva postulación, se redefinió la duración del periodo presidencial a seis años a partir de 2027.
Ante los cuestionamientos internacionales, el mandatario ha defendido la reelección indefinida argumentando que es una práctica común en países desarrollados, y que, a su juicio, la crítica surge únicamente cuando se trata de una nación pequeña como El Salvador, interpretándolo como un trato desigual en materia democrática.
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