El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una fuerte crítica a la Semana de la Moda de París, acusando que el evento sirvió para romantizar a criminales al incluir en una de sus pasarelas una representación similar a los internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la mega cárcel que su gobierno construyó para combatir a las pandillas.
La polémica se desató tras un desfile del diseñador Willy Chavarría, quien mostró en la pasarela a modelos con tatuajes visibles, vestidos con camisetas y pantalones cortos blancos, y arrodillados, replicando la estética de los reclusos del Cecot. Esta puesta en escena fue interpretada por Bukele como un acto de glorificación del crimen y una falta de respeto hacia las víctimas de la violencia.
Desde sus redes sociales, Bukele compartió un video que incluía el desfile junto con el testimonio de una joven que manifestaba sentirse insegura viviendo en París. Aunque no lo explicó directamente, el presidente sugirió que la permisividad cultural hacia los delincuentes tiene consecuencias reales en la seguridad de las ciudades.
Por su parte, el gobierno salvadoreño amplificó el mensaje señalando que el desfile representaba un homenaje a personas que han sido encarceladas por sus vínculos con el crimen organizado, lo cual generó indignación en sectores oficiales.
A nivel internacional, organismos de derechos humanos han mostrado preocupación por el uso del Cecot como símbolo, especialmente por la detención de 252 venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos. Estas personas, presuntamente ligadas al Tren de Aragua, no cuentan con pruebas formales en su contra, lo cual ha alimentado la crítica hacia el sistema de detención salvadoreño.
En tono irónico, Bukele indicó que estaría dispuesto a trasladar a esos presos a París si el gobierno francés lo permite, dejando entrever que considera que Europa subestima la amenaza que representan estas personas.
Aunque Bukele conserva un alto nivel de aprobación pública por su lucha contra las pandillas, persisten los cuestionamientos internacionales hacia su política de seguridad. El estado de excepción vigente desde marzo de 2022, que permite detenciones sin orden judicial, ha sido especialmente criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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