San Salvador, 2 de septiembre de 2025. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció con bombo y platillo que su país alcanzó “mil días sin homicidios” desde el inicio de su administración en 2019. El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial en X y celebrado como un logro histórico del Plan Control Territorial y del controvertido régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022, prorrogado ya en 42 ocasiones por la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la narrativa oficial choca frontalmente con los datos de la Policía Nacional Civil (PNC). Entre enero y junio de 2025, los registros policiales contabilizan al menos 39 homicidios en todo el país, cifras que desmienten la idea de un El Salvador completamente pacificado.
Un análisis independiente del diario salvadoreño El Mundo, basado en informes internos de la PNC, refuerza estas contradicciones: documenta 34 asesinatos en el mismo periodo, incluidos 10 feminicidios —entre ellos el homicidio de una niña de 14 años en Soyapango—. El perfil de las víctimas muestra que 23 de ellas son hombres de entre 19 y 59 años, lo que refleja que la violencia sigue presente, aunque bajo un blindaje mediático.
Propaganda, militarización y opacidad
El gobierno de Bukele atribuye sus “logros” a la militarización y a la suspensión de garantías constitucionales. Desde marzo de 2022, la Asamblea Legislativa ha extendido de forma automática el régimen de excepción, lo que ha permitido detenciones masivas y procesos judiciales exprés. Sin embargo, la falta de transparencia es alarmante: las cifras de homicidios no se publican oficialmente y sólo se conocen a través de filtraciones o revisiones periodísticas.
Mientras tanto, organismos internacionales de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y muertes en custodia. Para estos organismos, el “éxito” del gobierno salvadoreño se sostiene sobre un modelo de control autoritario que privilegia la propaganda sobre la realidad.
El relato oficial contra la realidad
El contraste entre la versión gubernamental y las cifras reales revela un país que no ha superado la violencia, sino que la oculta. Las víctimas siguen acumulándose mientras la administración de Bukele construye un relato triunfalista en redes sociales y medios oficialistas.
El Salvador enfrenta así un dilema profundo: por un lado, el gobierno proyecta una imagen de “país seguro” que se difunde globalmente; por otro, los datos internos evidencian asesinatos, feminicidios y graves violaciones a derechos humanos.
Los mil días sin homicidios proclamados por Bukele forman parte de una narrativa política que busca consolidar su liderazgo y justificar la continuidad de su régimen de excepción. Sin embargo, los números de la PNC cuentan otra historia: la violencia persiste, aunque se pretenda silenciar.
Fuentes
- Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC)
- Diario El Mundo (San Salvador)
- Telesur
