El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a justificar una política de seguridad basada en el uso de la fuerza, al minimizar el papel de la educación y las oportunidades como herramientas para enfrentar la criminalidad, una postura que ha generado fuertes cuestionamientos dentro y fuera del país.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario planteó que los grupos criminales solo pueden ser contenidos mediante la coerción estatal, descartando cualquier estrategia de prevención social para quienes ya han participado en delitos graves. Su mensaje refuerza una narrativa que reduce la violencia a un problema exclusivamente punitivo.
Bukele sostuvo que las políticas educativas pudieron haber funcionado en el pasado, pero que actualmente resultan inútiles frente a personas que han pasado años inmersas en dinámicas criminales. Esta visión, sin embargo, ha sido criticada por especialistas en seguridad y derechos humanos, quienes advierten que ignorar la prevención perpetúa los ciclos de violencia.
El presidente también expresó su rechazo a los programas de apoyo económico para personas que han delinquido, al considerar que estas medidas generan incentivos perversos y castigan indirectamente a quienes viven del trabajo formal. No obstante, analistas señalan que este discurso simplifica un problema estructural, al omitir las condiciones de pobreza, exclusión y falta de acceso a servicios básicos.
Las declaraciones provocaron una intensa polarización en redes sociales, donde simpatizantes celebraron el enfoque de mano dura, mientras que voces críticas alertaron sobre el riesgo de normalizar el autoritarismo y la criminalización generalizada.
Bukele también afirmó que cuando un Estado no logra imponerse al crimen es por complicidad interna, una acusación que, según expertos, desvía la atención de la rendición de cuentas del propio gobierno y de posibles abusos cometidos bajo el amparo de políticas de excepción.
Este discurso se enmarca en la operación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel presentada por el gobierno como emblema del combate al crimen. El penal, inaugurado en 2023, alberga a miles de detenidos en condiciones de encierro extremo, con hacinamiento, aislamiento prolongado y vigilancia permanente.
Aunque autoridades penitenciarias aseguran que el Cecot cumple estándares internacionales, organismos civiles, testimonios de exdetenidos y reportes de ONG han documentado presuntas torturas, abusos físicos y sexuales, lo que contradice el discurso oficial y mantiene encendidas las alertas sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos en El Salvador.
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