El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó un paquete de leyes que endurece las restricciones para las operaciones de control migratorio y establece nuevas reglas para las fuerzas del orden en el estado.
Las medidas incluyen la prohibición de utilizar guantes de descarga eléctrica, mayores controles sobre determinados dispositivos empleados por agentes durante operativos y nuevas obligaciones para los centros privados que alojan a personas bajo custodia migratoria.
Newsom defendió las disposiciones como parte de una estrategia estatal para aumentar la supervisión de las autoridades migratorias. “California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión”, afirmó el gobernador.
California limita dispositivos utilizados durante operativos
Una de las nuevas leyes prohíbe que las fuerzas del orden utilicen guantes equipados con electrodos capaces de emitir descargas eléctricas al entrar en contacto directo con la piel.
La medida llega después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara un contrato de 20 millones de dólares para adquirir guantes CTG-5 destinados a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El paquete también establece restricciones para el uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas durante determinadas actividades relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.
Además, la legislación impide que agentes de ICE que hayan cometido faltas graves durante el desempeño de sus funciones puedan incorporarse posteriormente como agentes del orden o empleados públicos en California.
Nuevo impuesto para centros privados de detención
Otra de las medidas establece un impuesto de 25 por ciento para determinados centros privados de detención de inmigrantes y elimina una disposición que permitía a algunas de estas instalaciones acceder a una exención fiscal.
Las nuevas reglas también amplían las posibilidades de supervisión sobre estos centros y permiten que los residentes de California presenten demandas contra funcionarios gubernamentales, incluidos agentes federales de inmigración, cuando consideren que sus derechos constitucionales fueron vulnerados.
El Departamento de Seguridad Nacional cuestionó las medidas y sostuvo que ningún impuesto impedirá que ICE realice deportaciones de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La nueva legislación podría enfrentar recursos judiciales por parte del Gobierno federal, lo que abriría una disputa legal sobre el alcance de las facultades estatales frente a las operaciones federales de control migratorio.
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