El Equipo Especial Lava Jato ha solicitado 35 años de prisión para Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por su presunta responsabilidad en delitos de lavado de activos agravado en el marco de una organización criminal, así como por falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Esta acusación está relacionada con el financiamiento irregular de sus campañas presidenciales en 2011 y 2016.
El fiscal José Domingo Pérez encabezó la acusación penal, que incluye también a catorce coacusados y dos personas jurídicas: el Partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C. Entre los imputados figuran figuras clave del fujimorismo como Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Ana Herz, además de Mark Vito Villanella, exesposo de Keiko.
La acusación se da en cumplimiento a una orden del Tribunal Constitucional peruano, por lo que el caso avanzará a la etapa de control de acusación.
Una fachada llamada ‘Cócteles’
Los llamados ‘cócteles’ de recaudación de fondos eran en realidad un esquema de lavado de dinero, sostiene la fiscalía. Se trataba de cenas exclusivas, con acceso mediante pagos de hasta 500 dólares, supuestamente para financiar las campañas presidenciales.
Según la fiscalía, el monto declarado como ingreso fue muy inferior a lo realmente recaudado, y se usaron a terceros para encubrir aportes millonarios, incluyendo los de la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del caso Lava Jato.
Una anotación en la agenda electrónica del propio Marcelo Odebrecht evidenció en 2017 el vínculo con Keiko Fujimori: «Aumentar [el aporte para] Keiko a 500 y yo hacer visitas», lo cual impulsó nuevas líneas de investigación.
Procesos y antecedentes
Keiko Fujimori ya había enfrentado prisión preventiva en 2018 y volvió a postular a la presidencia en 2021. El Poder Judicial también allanó locales de Fuerza Popular, impuso restricciones a varios exdirigentes y recientemente anuló un juicio oral por deficiencias procesales, lo que obligó al Ministerio Público a presentar nuevamente la acusación.
Por otro lado, la fiscalía ha solicitado el sobreseimiento de 19 personas y el sobreseimiento parcial de otras dos.
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