China denunció que Estados Unidos somete a estudiantes chinos a interrogatorios prolongados, cancelaciones de visa y deportaciones arbitrarias, en un contexto de creciente hostilidad bajo la administración de Donald Trump.
Durante una conferencia de prensa, Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, señaló que varios jóvenes fueron llevados a habitaciones aisladas, interrogados hasta por 70 horas y forzados a responder preguntas sin relación con su viaje. En algunos casos, se les negó la entrada bajo el argumento de “amenazas a la seguridad nacional”.
Mao afirmó que estas prácticas violan los derechos legítimos de los ciudadanos chinos y dañan el intercambio académico y cultural. Recalcó que Pekín ha presentado protestas formales y que no permitirá que sus estudiantes sean tratados de manera injusta.
“Instamos a Washington a reconocer la gravedad del problema, escuchar las preocupaciones planteadas, cumplir su promesa de acoger a los estudiantes chinos y poner fin de inmediato a los interrogatorios, el acoso y las deportaciones infundadas”, declaró Mao Ning.
El 28 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció que Estados Unidos revocará visas a estudiantes chinos, especialmente aquellos vinculados al Partido Comunista Chino o que estudien en áreas consideradas “críticas”.
En el ciclo académico 2023-2024, más de 270 mil estudiantes chinos se matricularon en universidades estadounidenses, lo que representa una cuarta parte del alumnado internacional. Sin embargo, la política restrictiva amenaza con afectar gravemente este flujo educativo.
Los republicanos en el Congreso han sostenido que las universidades estadounidenses canalizan recursos de defensa hacia instituciones chinas, acusaciones que han servido de justificación para endurecer el control. Incluso la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a Harvard de colaborar con el Partido Comunista Chino, prohibiendo el ingreso de estudiantes internacionales a la institución.
Estas medidas se acompañan de la suspensión de nuevas entrevistas de visa y de un monitoreo más estricto de la actividad digital de estudiantes extranjeros, lo que Pekín considera parte de una campaña de hostigamiento político.
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