Colombia se convirtió en el primer país amazónico en prohibir por completo la explotación petrolera y la minería a gran escala en la totalidad de su selva amazónica, una zona que abarca más del 42% de su territorio nacional y un 7% de la gran selva sudamericana. El anuncio, realizado por la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, durante la reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en la COP30, marca un giro radical en la política ambiental del país y busca posicionarlo como referente regional en la transición energética.
La funcionaria planteó que esta decisión responde a un acto de defensa del patrimonio natural y también a una invitación directa a los demás países amazónicos para asumir compromisos equivalentes. Su mensaje insistió en que la Amazonía no reconoce fronteras políticas y que su protección requiere de una estrategia compartida y vinculante entre las naciones que la integran. Con ello, el gobierno colombiano lanzó la propuesta de construir una “Alianza Amazónica por la Vida”, enfocada en acelerar la transición energética, frenar el extractivismo y fortalecer la gobernanza climática en toda la cuenca.
Esta apuesta pretende que la selva amazónica se convierta en el eje de la acción climática del país y en el pilar de una relación distinta con los ecosistemas, basada en justicia ambiental y en la restauración del vínculo entre las comunidades y su entorno natural.
La declaración también coloca a los países vecinos en el centro del debate: sin un compromiso regional que limite la expansión extractiva, la Amazonía continuará fragmentándose, incluso si Colombia logra contenerla dentro de sus fronteras. Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela mantienen proyectos hidrocarburíferos activos en zonas sensibles, lo que podría neutralizar el impacto de la medida colombiana.
Bajo el liderazgo de Gustavo Petro, el país avanza hacia un modelo de transición energética que intenta romper con décadas de dependencia extractiva. Sin embargo, el desafío más grande será demostrar que la protección ambiental puede sostenerse en el tiempo y convertirse en una política de Estado, aun cuando cambien los gobiernos y se transformen los intereses económicos.
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