El Congreso de Argentina aprobó una reforma impulsada por el presidente Javier Milei que modifica la Ley de Glaciares y habilita a las provincias a redefinir áreas protegidas, abriendo la puerta a una mayor explotación minera. La iniciativa fue avalada tras una extensa sesión legislativa, en medio de cuestionamientos por sus posibles efectos ambientales y sociales.
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, luego de casi 12 horas de debate. Con esta modificación, se permite a gobiernos provinciales ajustar los límites de protección de glaciares, lo que podría facilitar proyectos extractivos en zonas previamente restringidas. Este cambio representa un giro relevante respecto a la legislación vigente desde 2010.
Tras la aprobación, Milei defendió la reforma al argumentar que fortalece el federalismo y permite una explotación más eficiente de los recursos naturales, además de presentarla como un mecanismo para atraer inversiones. Sin embargo, su posicionamiento también incluyó críticas hacia sectores ambientalistas, a quienes responsabilizó de frenar el desarrollo económico del país.
El bloque oficialista logró el respaldo de aliados políticos y legisladores de provincias con fuerte actividad minera, como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta. Estas regiones concentran buena parte de los proyectos extractivos del país, lo que evidencia una convergencia entre intereses económicos locales y la política impulsada desde el Ejecutivo.
En paralelo a la discusión legislativa, miles de personas se manifestaron en contra de la reforma, alertando que la flexibilización de la protección de glaciares podría comprometer reservas de agua dulce y agravar la crisis climática. Organizaciones ambientales adelantaron que buscarán frenar la medida por la vía judicial, al considerar que vulnera principios de protección ambiental.
De acuerdo con datos oficiales, Argentina cuenta con cerca de 17 mil cuerpos de hielo, muchos de ellos en zonas con potencial minero, mientras que en regiones del noroeste estos han disminuido en la última década. En este contexto, la reforma abre un nuevo escenario en el que el impulso a la inversión minera convive con riesgos ambientales crecientes, lo que mantiene el debate abierto sobre sus implicaciones a largo plazo.
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