La Comisión Permanente del Congreso de Honduras anunció que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, en un contexto marcado por protestas ciudadanas que denuncian irregularidades y exigen la nulidad del proceso.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, afirmó que “el Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico (…) y mucho menos las presiones externas y la vulneración directa de la libertad de los electores”. La declaración fue realizada en Tegucigalpa durante una conferencia de prensa.
Las movilizaciones crecieron horas antes, cuando cientos de personas —muchas identificadas con el color rojo del partido LIBRE— bloquearon un puente que conecta Tegucigalpa con Comayagüela para exigir transparencia y justicia electoral.
Un manifestante, trabajador de la empresa estatal de agua SANAA, expresó su rechazo a la injerencia extranjera: “No queremos injerencia de Donald Trump, no queremos injerencia de la embajada americana, nosotros queremos justicia”. También demandó que las elecciones sean anuladas y repetidas.
Mientras tanto, la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió acelerar el conteo de votos y garantizar la trazabilidad del proceso, subrayando que el Consejo Nacional Electoral debe trabajar sin presiones para asegurar legitimidad.
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