El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial sin límite, extiende el mandato de cinco a seis años, elimina la segunda vuelta electoral y unifica los comicios presidenciales con los legislativos y municipales.
La reforma fue impulsada por el partido Nuevas Ideas, afín al presidente Nayib Bukele, y aprobada sorpresivamente durante el arranque de un periodo vacacional, lo que fue criticado por sectores opositores y organizaciones de derechos humanos.
El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, celebró la decisión con un “Gracias por hacer historia, colegas diputados”, tras contar 57 votos a favor. Solo tres legisladores votaron en contra.
Críticas desde la oposición y sociedad civil
Para la diputada opositora Marcela Villatoro, este cambio constitucional representa “la muerte de la democracia”. Su compañera Claudia Ortiz denunció que el objetivo es “perpetuar a un pequeño grupo en el poder, mientras la gente sigue empobreciéndose”.
Organizaciones defensoras de derechos humanos como Cristosal y la Comisión de Derechos Humanos han denunciado que las reformas consolidan el autoritarismo, en un contexto de represión y exilio forzado de activistas y periodistas.
“El día antes de las vacaciones, sin debate, sin informar a la ciudadanía… cambiaron el sistema político para permitir que el presidente se perpetúe”, denunció Noah Bullock, director de Cristosal.
Bukele y su popularidad bajo un régimen de excepción
A pesar de las críticas, Bukele mantiene altos niveles de aprobación, impulsado por su estrategia de mano dura contra las pandillas, enmarcada en un régimen de excepción desde 2022 que ha dejado más de 87 mil arrestos y más de 400 muertes en prisión.
Defensores de derechos humanos han señalado que miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, sin orden judicial, y acusan al gobierno de utilizar esta política de seguridad como herramienta de control político.
En mayo pasado, fue arrestada Ruth López, abogada de Cristosal, tras haber denunciado actos de corrupción en el gobierno.
El Congreso ya había allanado este camino en abril, cuando aprobó una reforma que elimina el requisito de ratificación legislativa para cambios constitucionales, consolidando así el control oficialista sobre el proceso político.
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Fotografía: Redes
