El Congreso de los Diputados rechazó la proposición de ley presentada por el partido ultraderechista Vox para prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos. La iniciativa fue desechada con 177 votos en contra y 170 a favor, impidiendo que avanzara a debate legislativo.
La votación reflejó la división parlamentaria: la coalición de Gobierno y sus aliados de izquierda votaron en contra, mientras que el conservador Partido Popular y la regionalista Unión del Pueblo Navarro respaldaron la propuesta de la ultraderecha.
Argumentos de la ultraderecha y respuesta parlamentaria
Según el texto impulsado por Vox, prendas como el burka y el nicab implican una “erradicación de la identidad personal de la mujer” y un supuesto riesgo para la seguridad. La iniciativa planteaba modificar el Código Penal para sancionar con hasta tres años de prisión a quienes impusieran su uso mediante violencia o coacción, así como reformar la legislación de extranjería para permitir la expulsión en casos de infracciones graves.
También proponía considerar como infracción leve portar estas prendas en el marco de la ley de seguridad ciudadana.
Durante el debate, la diputada de Vox, Blanca Armario, calificó el burka como una “mazmorra textil” y lo definió como incompatible con los valores europeos.
Desde el oficialista Partido Socialista Obrero Español, la diputada Andrea Fernández reconoció que el burka y el nicab “parten de lógicas machistas”, pero advirtió que “mezclar delincuencia con islam” alimenta la xenofobia y la polarización. “No queremos para otras lo que no queremos para nosotras mismas”, señaló, al tiempo que defendió un debate serio sin estigmatizar a comunidades musulmanas.
España mantiene su marco legal actual
Con esta votación, España mantiene su postura frente a otros países europeos como Francia, Bélgica, Suiza, Dinamarca o Bulgaria, que han prohibido el cubrimiento total del rostro en espacios públicos. Otros países como Alemania, Países Bajos, Austria y Noruega aplican restricciones parciales en determinados ámbitos.
La decisión parlamentaria marca un freno a la agenda de la ultraderecha y mantiene abierto el debate sobre libertad religiosa, derechos de las mujeres e integración social sin modificar la legislación vigente.
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