PODGORICA, MONTENEGRO, 30 DE JULIO DE 2025 – El gobierno de Montenegro enfrenta una creciente presión por parte de la Unión Europea, organizaciones de la sociedad civil y legisladores de la oposición para detener o revisar un proyecto de ley sobre la agencia nacional de inteligencia. Los críticos argumentan que la propuesta legislativa amenaza los derechos fundamentales y debilita la supervisión democrática en el país.
De acuerdo a notas periodísticas publicadas por Pedrag Milic en Balkan Insight, el Comité Parlamentario de Seguridad y Defensa de Montenegro aprobó este miércoles un informe sobre el borrador de la Ley de la Agencia de Seguridad Nacional (ANB), acelerando su proceso de adopción antes de finales de julio, sin una consulta amplia.
Disposiciones Controvertidas y Preocupaciones
Los cambios propuestos otorgarían a la ANB un acceso extensivo a datos personales e institucionales, incluyendo información bancaria, metadatos de telecomunicaciones y registros de la sociedad civil, sin requerir aprobación judicial previa. Esta es una de las provisiones más polémicas, especialmente porque una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 ya dictaminó que la recopilación de metadatos de telecomunicaciones sin supervisión judicial es inconstitucional.
La Comisión Europea ha instado a las autoridades montenegrinas a explicar la base legal y la necesidad de estas modificaciones. Guillaume Mercier, portavoz de la Comisión Europea, declaró al periódico Vijesti que «cualquier cambio legislativo en este sector sensible debe ser transparente, legalmente justificado y abierto a un análisis legal exhaustivo«. Numerosas ONG montenegrinas han advertido que el proyecto de ley pone en peligro los derechos constitucionales de los ciudadanos y viola las obligaciones legales internacionales del país. «Esta ley representa un riesgo extremo para los derechos de los ciudadanos«, afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto, urgiendo al gobierno a retirarla y abrir un espacio para el debate público. También han solicitado al Relator Especial de la ONU sobre derechos de privacidad que revise el borrador antes de su aprobación.
La Respuesta del Gobierno y el Camino hacia la UE
El ministro de Justicia, Bojan Bozovic, ha defendido que las revisiones realizadas a ocho artículos del proyecto de ley son limitadas y buscan un equilibrio. Mencionó que una de las enmiendas ahora exigiría que el acceso a las bases de datos electrónicas se base en un acuerdo entre la ANB y la institución propietaria de los datos. Sin embargo, reconoció haber recibido recomendaciones de un comité de la ONU en abril para incluir una decisión judicial además de esos acuerdos, pero la ANB considera que sería una «carga excesiva». Bozovic también afirmó que el acceso a los datos de telecomunicaciones y ubicación ahora deberá ser aprobado por la Corte Suprema, en lugar de solo por el director de la ANB, como se propuso originalmente.
El ministro aseguró que están «escuchando atentamente las reacciones de Bruselas y no haremos nada que pueda ralentizar nuestro progreso [de adhesión a la UE]». Este proyecto de ley llega en un momento delicado para los esfuerzos de Montenegro por unirse a la Unión Europea, que ha enfatizado que las reformas en el sector de seguridad e inteligencia son vitales para avanzar en el proceso de adhesión. Organizaciones como Human Rights Action han reiterado la preocupación por la autoridad que se otorgaría a la ANB para solicitar información a profesionales como periodistas, dentistas y psiquiatras sin una orden judicial.
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