SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, JUNIO DE 2025. Una reciente decisión de la Corte de Apelaciones ha sacudido el panorama político y legal en Estados Unidos, otorgando una victoria temporal Donald Trump en su disputa con el gobernador de California, Gavin Newsom, sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Ayer jueves 19 de junio de 2025, una Corte de Apelaciones en San Francisco falló a favor de que las tropas federalizadas permanezcan desplegadas en las ciudades designadas por el Ejecutivo federal, deshabilitando provisionalmente una sentencia previa que declaraba ilegal la invocación de la Guardia Nacional al servicio federal sin el consentimiento estatal.
La controversia se centra en la autoridad del presidente para movilizar a la milicia estatal sin la aprobación explícita del gobernador. La sentencia del 12 de junio, emitida por el juez Breyer, había dictaminado que dicha invocación era ilegal. Sin embargo, la Corte de Apelaciones concluyó que el presidente «probablemente» cumplió con su obligación de intentar coordinar con el gobernador Newsom. Además, el tribunal dictaminó que el gobernador carecía de la autoridad legal para desafiar una orden presidencial en este contexto.
Esta decisión ha encendido las alarmas sobre el futuro de las garantías individuales y el equilibrio de poder en Estados Unidos. La capacidad del presidente para desplegar fuerzas militares dentro de las fronteras estatales, sin el consentimiento del liderazgo local, plantea serias preguntas sobre la autonomía de los estados y la protección de los derechos civiles. ¿Podría esta sentencia sentar un precedente para futuros usos de la Guardia Nacional en situaciones de desorden civil, con implicaciones directas en la libertad de reunión y expresión?
Tras el veredicto, el gobernador Newsom no tardó en expresar su descontento a través de sus redes sociales, refiriéndose a la sentencia del juez Breyer del 12 de junio.
«La corte acertadamente rechazó el argumento de Trump de que puede hacer lo que le venga en gana con la Guardia Nacional, sin tener que explicarse ante una corte. El presidente no es un rey, no está por encima de la ley. Continuaremos impulsando nuestro desafío al uso autoritario de la milicia estadounidense contra los ciudadanos estadounidenses»
Sus palabras reflejan la preocupación generalizada de que esta sentencia podría erosionar los límites del poder presidencial y el papel de la milicia en la sociedad civil.
La batalla legal entre la administración Trump y el estado de California está lejos de terminar. Este enfrentamiento judicial no solo definirá los límites de la autoridad ejecutiva, sino que también tendrá profundas implicaciones en la relación entre el gobierno federal y los estados, y, crucialmente, en la salvaguarda de las garantías individuales de los ciudadanos estadounidenses.
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