En una decisión alarmante, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló este jueves que el gobierno de Donald Trump puede trasladar a un grupo de migrantes detenidos en Yibuti hacia Sudán, un país devastado por la guerra civil y sin garantías de protección para solicitantes de asilo.
El fallo allana el camino para que decenas de personas —originarias de El Salvador, Honduras, Cuba y México— sean expulsadas sin derecho a audiencia ni apelación. Entre ellas, se encuentra un ciudadano mexicano cuya deportación había sido frenada en diciembre de 2023 por un juez federal, al considerar que su vida estaba en riesgo si era enviado a Sudán. El gobierno de Trump impugnó la medida, y ahora el tribunal más alto del país le ha dado luz verde.
Deportación a zonas de guerra sin acuerdos internacionales
Los migrantes estaban bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Yibuti, un pequeño país africano que alberga bases militares estadounidenses. Sin embargo, el gobierno de Trump busca evadir procesos migratorios internos utilizando países terceros, aunque estos no tengan ningún acuerdo formal con Washington.
Sudán no cuenta con ningún tratado bilateral que lo reconozca como “tercer país seguro”, y actualmente sufre una guerra interna con desplazamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales y crisis humanitaria extrema.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos —como Human Rights Watch y Amnistía Internacional— advirtieron que esta práctica viola el principio de no devolución, que impide enviar a personas a territorios donde corran peligro.
Una política que externaliza la violencia migratoria
La decisión de la Corte Suprema se alinea con la agenda migratoria radical de Trump, quien ha promovido la creación de cárceles flotantes, acuerdos secretos con gobiernos extranjeros y la instalación de centros de detención fuera del territorio estadounidense para impedir el ingreso y trámite de asilo.
Expertos señalan que este modelo externaliza la violencia y criminaliza la migración, especialmente la de origen latinoamericano y africano.
En respuesta, colectivos migrantes y organizaciones mexicanas en el extranjero han exigido la intervención urgente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para detener la deportación del connacional mexicano y garantizar su protección ante el riesgo que representa Sudán.
