La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú dictó este jueves sentencia contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El exmandatario fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, en una resolución que marca un punto decisivo en uno de los episodios más convulsos de la política peruana reciente.
El tribunal concluyó que Castillo no consumó el delito de rebelión, pues su intento de disolver el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto no llegó a concretarse. Esto llevó a la Fiscalía a modificar la acusación inicial —que pedía 34 años de cárcel— a la pena finalmente impuesta.
La sentencia llega a días de que vencieran los tres años de prisión preventiva dictados contra Castillo tras su detención inmediata en 2022, cuando abandonó Palacio de Gobierno rumbo a la Embajada de México. Aunque su familia logró llegar y obtener asilo, él fue arrestado y destituido por el Congreso en cuestión de horas.
Castillo fue absuelto de los cargos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante dos años y deberá pagar una indemnización conjunta de 3.5 millones de dólares junto a sus coacusados.
Betssy Chávez: condena y nueva orden de captura
La sentencia se extiende a la exprimera ministra Betssy Chávez, también condenada a 11 años, 5 meses y 15 días y actualmente asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima. El tribunal emitió una nueva orden de búsqueda y captura en su contra.
El exministro del Interior Willy Huerta recibió la misma pena, aunque su encarcelamiento quedará en suspenso si decide apelar y cumple con normas de conducta.
El exprimer ministro Aníbal Torres, considerado uno de los asesores más cercanos a Castillo durante la tentativa de autogolpe, fue condenado a seis años y ocho meses. Sin embargo, la Sala decidió no aplicar la pena de prisión por razones humanitarias debido a sus 82 años.
Los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero fueron absueltos.
Con esta sentencia, la Corte Suprema evita que Castillo quedara en libertad al cumplirse su periodo de prisión preventiva, cerrando así una etapa judicial clave para el país andino, que aún enfrenta las tensiones políticas derivadas del quiebre institucional de 2022.
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