La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que evaluará de manera acelerada si el presidente Donald Trump tiene la potestad de imponer aranceles generalizados bajo la ley federal, un caso que podría redefinir los límites del poder ejecutivo en materia comercial.
El máximo tribunal escuchará los argumentos en noviembre, un calendario considerado inusualmente rápido. Tanto la defensa de Trump como los estados y pequeñas empresas que impugnaron las medidas aceptaron el procedimiento abreviado. Los demandantes acusan al mandatario de usar de forma ilegal poderes de emergencia para fijar gravámenes a importaciones provenientes de casi todos los países, lo que puso a muchos negocios al borde de la quiebra.
Aunque dos tribunales inferiores declararon ilegales la mayoría de los aranceles, un tribunal de apelaciones los mantuvo en vigor tras una votación dividida de 7-4. La administración Trump sostiene que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), de 1977, otorga al presidente autoridad suficiente para regular importaciones en situaciones de emergencia, sin necesidad de autorización explícita del Congreso.
El gobierno advirtió que bloquear esos aranceles colocaría al país al “borde de una catástrofe económica”. Además, argumenta que un fallo adverso podría obligar al Tesoro a devolver miles de millones de dólares recaudados, afectar las negociaciones comerciales en curso e incluso debilitar esfuerzos para frenar el tráfico de fentanilo y contener la guerra de Rusia contra Ucrania.
Los ingresos por aranceles ascendieron a 159 mil millones de dólares hasta agosto, más del doble respecto al año previo. Sin embargo, críticos señalan que su aplicación errática elevó la incertidumbre económica y presionó al alza los precios.
La Corte Suprema, dominada por una mayoría conservadora con tres jueces nominados por Trump, deberá resolver si la visión expansiva del poder presidencial permite al mandatario imponer aranceles sin aprobación del Congreso, pese a que la Constitución le otorga a este último la facultad exclusiva de establecer impuestos comerciales.
El caso se centra en dos paquetes de aranceles declarados bajo “emergencia nacional”: los anunciados en abril y en febrero sobre importaciones de Canadá, China y México. Quedan fuera de la disputa legal los gravámenes al acero, aluminio y automóviles extranjeros, así como los impuestos a China que más tarde mantuvo el presidente Joe Biden.
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