Costa Rica, país históricamente reconocido por su compromiso con los derechos humanos, su ausencia de ejército y su enfoque en la diplomacia y la paz social, da un giro preocupante en su política de seguridad. El gobierno del presidente Rodrigo Chaves anunció la construcción de una prisión de máxima seguridad inspirada en el controvertido modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyas políticas penitenciarias han sido duramente cuestionadas por organizaciones internacionales.
El proyecto, llamado Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), albergará a más de 5.000 personas privadas de libertad y costará 35 millones de dólares. La aprobación de un presupuesto extraordinario por parte del Congreso permite iniciar el proceso de licitación. Esta decisión surge en un contexto donde los índices de homicidios y delitos vinculados al narcotráfico han aumentado significativamente, generando una reacción estatal que busca dar señales de fuerza y control.
Sin embargo, el modelo que se pretende replicar —el del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador— ha sido denunciado por organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por las condiciones inhumanas, aislamiento extremo y trato degradante hacia los reclusos. Celdas sin colchones, restricciones al agua potable, vigilancia militarizada y desapariciones forzadas son solo algunos de los aspectos que han desatado alarma internacional.
El ministro de Justicia costarricense, Gerald Campos, viajó a El Salvador para conocer de primera mano este sistema, y a su regreso apoyó la creación de una versión costarricense. Aunque el gobierno asegura que el nuevo centro permitirá visitas familiares y conyugales, así como encomiendas y llamadas limitadas, la inspiración en un modelo que prioriza el castigo sobre la rehabilitación representa una señal preocupante para la democracia costarricense.
Costa Rica ha sido históricamente referente regional en derechos humanos, abolió su ejército en 1948 y ha priorizado políticas de inclusión y justicia social. Apostar ahora por una cárcel inspirada en un sistema considerado represivo y autoritario, implica una contradicción profunda con los valores que han definido su identidad política durante décadas.
Además, la decisión ocurre sin una reforma integral del sistema judicial, sin mejoras estructurales en la prevención del delito ni inversión significativa en educación o empleo para los sectores vulnerables. El enfoque se concentra en la represión y el encarcelamiento masivo, una estrategia que, en el caso salvadoreño, ha mostrado resultados inmediatos pero a costa de serias violaciones a los derechos fundamentales.
La construcción del Cacco no es solo una obra física. Representa una declaración política sobre hacia dónde se dirige el país en materia de seguridad y justicia. Para un país que ha presumido de ser una “Suiza centroamericana”, esta cárcel podría marcar el inicio de una peligrosa ruptura con su legado más valioso: el respeto a la dignidad humana.
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