A un año de la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente argentino Javier Milei, medios de ese país revelaron que al menos 75 mil personas en el mundo resultaron afectadas, mientras que quienes operaron detrás del esquema habrían obtenido ganancias cercanas a los 300 millones de dólares.
El caso, que estalló el 14 de febrero de 2025, se convirtió rápidamente en un escándalo internacional. Ese día, el mandatario difundió la criptomoneda como una oportunidad de inversión. Sin embargo, minutos después de dispararse su cotización, el activo se desplomó, dejando a miles de compradores sin posibilidad de recuperar su dinero. Estimaciones periodísticas calculan que las pérdidas globales rondarían los 280 millones de dólares.
Un contrato bajo confidencialidad
De acuerdo con información difundida por el periodista Mariano Vidal del diario Clarín, Milei habría firmado un contrato con el empresario estadounidense Hayden Davis días antes de la promoción pública. El documento, fechado el 29 de enero de 2025 y bajo cláusula de confidencialidad, lo designaba como asesor en temas de blockchain e inteligencia artificial.
Especialistas también expusieron movimientos financieros relevantes realizados por Davis en fechas clave hacia intermediarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Posteriormente, el empresario reconoció que mantenía en su poder una suma cercana a 100 millones de dólares provenientes de inversores argentinos, y que aguardaba definiciones oficiales sobre su destino.
Cómo operaba el esquema
El mecanismo detrás de $LIBRA habría seguido un patrón frecuente en el mundo cripto. Primero se creó una memecoin sin valor real, cuyo desarrollo puede hacerse en minutos y sin costo significativo. Luego, mediante la promoción de una figura pública de alto perfil —en este caso el Presidente— se elevó artificialmente su cotización.
Operadores especializados, conocidos como “snipers”, habrían comprado grandes volúmenes anticipadamente para venderlos justo antes del desplome, aprovechando el pico de precio. El resultado fue una transferencia masiva de recursos desde pequeños inversores hacia quienes controlaban la maniobra.
Denuncias y procesos judiciales
Tras el colapso del activo, Milei sostuvo que no tenía conocimiento técnico sobre criptomonedas y negó cualquier vínculo directo con el emprendimiento. Además, eliminó la publicación original en la que promovía la inversión.
El episodio derivó en decenas de denuncias penales en Argentina y en la apertura de causas en tribunales federales, incluso en Estados Unidos, donde la investigación continúa en fase preliminar.
Críticas por la lentitud judicial
El abogado Nicolás Oszust, representante de uno de los damnificados, explicó al medio El Destape que el avance judicial no ha sido proporcional a la magnitud del caso. Según su postura, el expediente cuenta con abundante material probatorio y el daño económico fue significativo, por lo que considera que los tiempos procesales deberían ser más ágiles.
Un ejemplo que mencionó es que los dispositivos electrónicos incautados a los intermediarios hace casi un año aún no han sido peritados oficialmente, lo que mantiene en suspenso información clave para esclarecer responsabilidades.
Mientras tanto, miles de afectados continúan a la espera de respuestas en uno de los escándalos financieros más controversiales del actual gobierno argentino.
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