El juicio oral por la llamada “Causa Cuadernos” comenzó este jueves en Argentina, marcando una nueva etapa judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien se acusa de integrar una asociación ilícita vinculada a presuntos sobornos en la obra pública. La defensa de la exmandataria sostiene que el proceso está plagado de irregularidades y responde a una estrategia de persecución política.
El juicio, que se desarrollará de forma virtual, involucra a casi 90 imputados entre exfuncionarios y empresarios, y se prevé que se extienda por varios años. La etapa inicial consiste en la lectura de la acusación, mientras que la declaración de testigos podría comenzar recién en 2026.
Desde el entorno de la expresidenta se cuestiona la base probatoria del proceso, centrada en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, quien aseguró haberlos quemado, aunque reaparecieron casi intactos tiempo después. Pericias caligráficas indicaron que fueron escritos por más de una persona, con tachaduras y alteraciones, lo que ha generado dudas sobre su autenticidad.
El abogado Gregorio Dalbón, integrante de la defensa, advirtió que varios imputados fueron presionados para declarar contra Fernández, bajo amenaza de permanecer detenidos. Además, denunció que las declaraciones de los llamados “arrepentidos” fueron incorporadas sin registro audiovisual, incumpliendo los procedimientos legales vigentes.
A esto se suma la remoción de la jueza suplente Gabriela López Iñiguez, reemplazada por Néstor Costabel, un magistrado que, según la defensa, tiene vínculos con el macrismo. El abogado Carlos Alberto Beraldi calificó esta decisión como una “maniobra política” que compromete la imparcialidad del tribunal.
Desde sus redes sociales, Cristina Fernández ha señalado que este proceso es una continuidad de la persecución judicial que comenzó con la causa “Vialidad”, por la que cumple arresto domiciliario. Según su interpretación, el juicio se reactivó en sintonía con el calendario político, con el objetivo de desviar la atención de los problemas económicos y sociales del país.
La expresidenta insiste en que no aparece mencionada en los cuadernos y que ningún testigo la señaló como receptora de dinero, por lo que considera que su inclusión en la causa es una decisión política y no judicial.
El proceso judicial se desarrolla en un clima de polarización. Mientras sectores opositores lo presentan como una oportunidad para esclarecer presuntos hechos de corrupción, el peronismo denuncia que se trata de una herramienta judicial al servicio de intereses políticos.
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