La Habana. El gobierno de Cuba autorizó la participación del sector privado en la comercialización de productos agrícolas, una actividad que históricamente había estado bajo control estatal. La medida se inscribe en un proceso gradual de apertura económica frente a la crisis que atraviesa la isla.
De acuerdo con la norma publicada en la Gaceta Oficial, productores independientes, cooperativas, pequeñas y medianas empresas y trabajadores por cuenta propia podrán vender directamente sus productos, ampliando sus facultades dentro del sistema económico.
Hasta ahora, el Estado concentraba la mayor parte de la comercialización agrícola, permitiendo a los productores únicamente la venta de excedentes. Con el nuevo esquema, los actores privados podrán fungir como intermediarios y acceder a mercados mayoristas y minoristas.
No obstante, el gobierno mantendrá el control sobre los precios y las exportaciones, lo que refleja una apertura limitada bajo supervisión estatal en sectores estratégicos.
Esta decisión ocurre en un contexto de fuerte contracción productiva, luego de que la producción agrícola cayera 52% entre 2018 y 2023, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.
La economía cubana enfrenta desde hace varios años una crisis estructural vinculada al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, debilidades internas del modelo centralizado y una fallida reforma monetaria, factores que han presionado al gobierno a introducir cambios.
En este escenario, las autoridades han impulsado medidas orientadas a ampliar la participación privada. Entre ellas, la autorización de empresas mixtas entre el Estado y actores privados, así como la posibilidad de importar combustible sin intermediación estatal.
Asimismo, el gobierno anunció que la diáspora cubana podrá invertir y participar en empresas privadas en la isla, aunque aún no se ha definido un marco jurídico detallado para estas operaciones.
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