El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió los decretos ejecutivos 147 y 148, con los que busca convocar un referéndum sobre el retorno de bases militares extranjeras y una consulta para conformar una Asamblea Constituyente. La medida apunta a reformar el artículo 5 de la Constitución y redactar una nueva carta magna con participación de más de 13 millones de ecuatorianos.
La Corte Constitucional respondió, recordando que Ecuador es un Estado constitucional y democrático y que todas las autoridades deben respetar la ley. “Ningún órgano puede desconocer los mecanismos constitucionales”, advirtió, enfatizando que las modificaciones constitucionales requieren seguir procedimientos legales estrictos.
A pesar de ello, Noboa reafirmó su plan: “La obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano”.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, criticó la decisión: “Convocar a una Constituyente sin el pronunciamiento previo de la Corte Constitucional es vulnerar el pacto social”, señalando que la medida debilita el Estado de derecho y abre la puerta a la arbitrariedad.
La propuesta de retorno de bases militares extranjeras revive la experiencia de la base estadounidense en Manta (1999-2009), cerrada por el expresidente Rafael Correa. Analistas señalan que su operación no redujo el narcotráfico y se enfocó en intereses geoestratégicos de Washington, incluyendo control sobre las Islas Galápagos.
El Gobierno reciente cedió parte de las Galápagos para uso militar del Comando Sur de EE.UU., generando riesgos ambientales y posibles violaciones a convenios internacionales. El exvicecanciller Fernando Yépez criticó la medida como “servilismo colonial, vergonzoso y peligroso”. Por su parte, la ALBA-TCP alertó sobre el impacto en la paz regional.
Por otro lado, la Constituyente propuesta por Noboa apunta a cambios puntuales, como eliminar el financiamiento estatal a partidos o juzgar jueces constitucionales por mayoría simple, medidas que debilitarían la independencia de la Corte Constitucional. Expertos advierten que esto podría consolidar un régimen autoritario, pese a que la Constitución actual permite reformas parciales mediante la Asamblea Nacional y referéndum.
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