Del golpe contra Pedro Castillo a la ruptura diplomática
El 7 de diciembre de 2022 marcó un antes y un después en la política peruana y en su relación con México. Ese día, el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, fue detenido pocas horas después y sustituido por la vicepresidenta Dina Boluarte, cuya legitimidad fue cuestionada desde el inicio por gobiernos progresistas de la región. México, Argentina, Bolivia y Colombia emitieron un posicionamiento conjunto donde pidieron respetar los derechos de Castillo y denunciaron una posible ruptura del orden democrático.
La respuesta del nuevo gobierno peruano fue inmediata: acusó a México de intromisión en asuntos internos y retiró a su embajador en México. Posteriormente declaró persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy, quien había dado acompañamiento a la familia de Castillo y señalado públicamente una escalada represiva contra manifestantes. Desde ese momento, la relación bilateral quedó fracturada.
Sheinbaum es declarada persona non grata en noviembre de 2025
Ya en 2025, con Claudia Sheinbaum como presidenta de México, la tensión bilateral volvió a estallar. Tras otorgarse asilo político a Betssy Chávez, ex‐primera ministra durante la gestión de Castillo, el Congreso peruano aprobó el 6 de noviembre de 2025 declarar “persona non grata” a la mandataria mexicana, argumentando “inaceptable injerencia en asuntos internos” del Perú.
La medida tuvo un fuerte contenido político: buscó enviar un mensaje a México y reforzar la narrativa de que Lima no tolerará cuestionamientos al aparato institucional que se consolidó tras la caída de Castillo. Aunque fue simbólica, evidenció que Sheinbaum ya no era solo una voz progresista regional, sino un actor incómodo para la nueva configuración de poder en Perú.
El asilo a Betssy Chávez y la nueva escalada con José Jerí
El punto más reciente de conflicto se centra en Betssy Chávez. Un juez peruano dictó prisión preventiva contra ella, lo cual motivó su solicitud de asilo a México. La legación mexicana le concedió protección diplomática, lo que fue interpretado en Lima como un “abuso de la figura del asilo”.
La tensión aumentó con la llegada al poder del presidente interino José Jerí, tras la destitución de Boluarte en octubre de 2025. Jerí afirmó que no descarta la intervención de la embajada mexicana en Lima para detener a Chávez, lo que abrió de nuevo el debate sobre los límites entre soberanía nacional y violación del derecho internacional.
Dos modelos de gobierno en disputa
Más allá de lo diplomático, lo que hoy se confronta es una lectura opuesta del momento político latinoamericano. El gobierno peruano representa una corriente que se apoya en la maquinaria parlamentaria y en el control del orden interno como fuente de gobernabilidad: un esquema que prioriza la legalidad formal por encima de la legitimidad popular. Se trata de un tipo de institucionalidad de excepción, sostenida por el aparato judicial y policial más que por el mandato electoral.
México, en cambio, ha defendido la tradición latinoamericana del asilo como herramienta política ante la persecución. Desde esa perspectiva, la democracia no puede reducirse a procedimientos, sino que debe asumir la crisis del neoliberalismo y la emergencia de nuevos actores populares como parte legítima del juego político. Es decir: la disputa no es simplemente diplomática; es ideológica.
Hoy, el conflicto México–Perú va mucho más allá de un diferendo bilateral. Representa una batalla simbólica por el rumbo de la región. Lo que suceda en Lima —si el asilo prevalece o se fuerza una detención dentro de la embajada— podría definir el límite entre diplomacia latinoamericana y política de confrontación.
En el fondo, lo que se discute es qué tipo de Estado será viable en esta nueva etapa histórica:
¿Uno que administre el orden o uno que gestione la pluralidad?
