Organizaciones palestinas de derechos humanos denunciaron la existencia de torturas sistemáticas, condiciones inhumanas y negligencia médica deliberada contra más de 9 mil personas palestinas recluidas en cárceles israelíes, tras una serie de visitas legales a centros penitenciarios.
De acuerdo con la Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos, los testimonios documentan hacinamiento extremo, restricciones severas al acceso al patio y una alimentación deficiente, insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de las personas encarceladas. Estas prácticas vulneran de forma directa los estándares internacionales de derechos humanos.
El Club de Prisioneros Palestinos alertó que 3 mil 358 personas permanecen bajo el régimen de detención administrativa, una figura ampliamente cuestionada por organismos internacionales, ya que permite el encarcelamiento por periodos prolongados sin cargos, pruebas ni juicio. Esta política es aplicada de manera recurrente contra la población palestina.
Asimismo, al menos mil 249 personas originarias de Gaza se encuentran detenidas bajo la categoría de “combatientes ilegales”, una figura jurídica utilizada por Israel para evadir las protecciones previstas en las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra. Las denuncias señalan que estos detenidos sufren privación de derechos básicos y violencia constante.
Diversas organizaciones de derechos humanos calificaron estos centros como verdaderos espacios de tortura, donde el abuso físico y psicológico se ha normalizado como parte de una política de castigo colectivo orientada a quebrar la resistencia del pueblo palestino mediante el aislamiento y el deterioro físico.
Entre octubre de 2023 y finales de 2025, se reportó la muerte de al menos 84 palestinos bajo custodia, a causa de palizas, descargas eléctricas, ataques con perros y agresiones sexuales. Los testimonios coinciden en que la tortura dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica sistemática del Estado israelí, incluyendo desnudez forzada y confinamiento solitario.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia en Cisjordania ocupada, donde se ha registrado la muerte de más de mil personas, una cuarta parte de ellas menores de edad. El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció la continuidad de los ataques de colonos israelíes y la destrucción de instalaciones humanitarias en Jerusalén oriental.
El organismo internacional advirtió sobre la normalización del desprecio al derecho internacional humanitario, agravado por el corte deliberado de servicios esenciales como agua y electricidad. En paralelo, la Autoridad Nacional Palestina alertó sobre una nueva ofensiva colonial tras el anuncio de una carretera de circunvalación cerca de al-Eizariya.
El portavoz presidencial, Nabil Abu Rudeineh, denunció que esta infraestructura forma parte del proyecto de asentamientos E1, cuyo objetivo es fragmentar el territorio palestino y consolidar rutas segregadas, restringiendo la movilidad y profundizando el aislamiento de Jerusalén oriental.
La dirigencia palestina reiteró su disposición a respaldar cualquier iniciativa internacional que detenga la ofensiva en Gaza y Cisjordania, y exigió el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, continúan las incursiones militares, las demoliciones de viviendas y las detenciones arbitrarias, provocando un deterioro humanitario de gran escala.
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