Una protesta pacífica frente a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, a las afueras de Chicago, terminó con la detención de al menos 21 personas, entre ellas líderes religiosos y defensores de derechos humanos. Los participantes denunciaban las condiciones en las que se retienen migrantes dentro del edificio, el cual organizaciones civiles describen como un centro de detención encubierto marcado por prácticas inhumanas y falta de supervisión.
La jornada inició como un acto religioso en el que se reunieron alrededor de 300 personas para rezar, cantar y exigir un alto a las deportaciones y al uso de tácticas que consideran desproporcionadas y abusivas por parte de ICE y la Patrulla Fronteriza. Los manifestantes, conscientes del riesgo de arresto, cruzaron la barrera designada para protestas, lo que detonó la intervención policial. Agentes del condado de Cook y de la Policía Estatal de Illinois cercaron la zona y comenzaron las detenciones, en una operación que activistas describen como innecesariamente coercitiva frente a una protesta no violenta.
La instalación en Broadview ha sido escenario constante de movilizaciones a raíz de la “Operación Midway Blitz”, una ofensiva federal que ha resultado en más de 3,200 detenciones migratorias desde septiembre en el área metropolitana de Chicago. Organizaciones han denunciado públicamente que esta operación funciona mediante redadas agresivas y detenciones que violan acuerdos judiciales establecidos para proteger a comunidades migrantes en la región.
Además, las detenciones ocurrieron mientras se esperaba la liberación de 13 personas que un tribunal había ordenado excarcelar antes del mediodía. La decisión judicial, emitida en días previos, argumentaba que las condiciones en Broadview violaban parámetros mínimos de trato digno, lo que evidencia un patrón de irregularidades que ya ha generado múltiples litigios.
Jueces federales han cuestionado reiteradamente las condiciones del centro y el uso de fuerza contra manifestantes, señalando que agentes federales han actuado bajo una lógica de confrontación contra personas que ejercen derechos constitucionales.
Para los colectivos presentes, la actuación policial confirma una tendencia preocupante: la criminalización sistemática de la protesta cuando se trata de exigir derechos para personas migrantes. Líderes religiosos explicaron que su presencia buscaba visibilizar el sufrimiento de familias enteras afectadas por políticas migratorias que consideran punitivas y contrarias a valores humanitarios básicos. En su posición, la intervención policial y el ensañamiento contra actos pacíficos revelan un intento institucional de desalentar la movilización social.
Fotografía: Redes
