El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) inició este lunes en rechazo al Decreto Ejecutivo 126, con el que el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, afirmó que la movilización es un ejercicio legítimo del derecho a la resistencia y exigió al mandatario respeto a la vida y a los derechos de las comunidades. “No somos terroristas”, advirtió, pidiendo que el Gobierno evite responder con represión.
En Cotopaxi, el Movimiento Indígena y Campesino denunció bloqueos militares que impidieron el paso hacia Latacunga. La Conaie acusó además a la fuerza pública de utilizar munición real contra manifestantes en la comunidad Pijal, Imbabura.
Noboa militarizó Latacunga, trasladando allí de forma temporal la sede del Ejecutivo. Tropas del Ejército fueron desplegadas en carreteras, puertos y hospitales, mientras el Gobierno organizó marchas de respaldo en esa ciudad y en Quito, encabezadas por la ministra de Gobierno, Zaida Rovira.
Las protestas se expandieron a Imbabura, Cotacachi, Cayambe y Otavalo, donde bloqueos y enfrentamientos dejaron sin servicio al transporte interprovincial. En varias localidades, padres de familia denunciaron que las clases no fueron suspendidas pese a la represión, lo que puso en riesgo a estudiantes.
En Latacunga, las organizaciones indígenas y campesinas marcharon al grito de “Fuera Noboa, fuera”, acusando al presidente de traicionar al pueblo.
En Azuay, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas (FOA) anunció un “levantamiento permanente” desde el 23 de septiembre, con cierres viales y exigencias contra el proyecto minero Loma Larga.
Mientras tanto, en la costa —especialmente en Manabí y Guayas— el transporte y los mercados operaron con normalidad. Sin embargo, pescadores artesanales de Manta alertaron que el alza del diésel encarecerá los productos del mar.
La Conaie y comunidades locales aseguraron que las movilizaciones se mantendrán de forma indefinida hasta que Noboa derogue el decreto. El conflicto se desarrolla en un contexto de tensión política marcada por la propuesta oficial de convocar a una Asamblea Constituyente.
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