El Gobierno de Estados Unidos anunció que construirá una nueva barrera flotante en el río Bravo, justo en la frontera con el estado mexicano de Tamaulipas. La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), replica el polémico “muro acuático” instalado por Texas en 2023.
El proyecto, oficialmente descrito como una “barrera transportada por el agua”, será adjudicado a finales del año fiscal 2025, utilizando recursos asignados desde 2021 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Se trata de la sexta exención firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para obras fronterizas bajo criterios de seguridad nacional.
Según el DHS, la nueva infraestructura busca cerrar “una brecha de capacidad” en las vías fluviales del suroeste estadounidense, zonas señaladas como rutas activas para el contrabando de drogas, la trata de personas y otras actividades ilegales.
El antecedente más cercano ocurrió el 7 de julio de 2023, cuando el gobernador texano Greg Abbott ordenó la instalación de una barrera flotante en Eagle Pass, Texas, frente a Piedras Negras, Coahuila. El gobierno mexicano denunció la obra por violar el Tratado de Aguas Internacionales de 1944, específicamente su artículo 17, que prohíbe obstrucciones al libre cauce de los ríos internacionales.
La administración de Joe Biden también se deslindó del muro texano y presentó una demanda federal contra el estado de Texas, argumentando que la obra violaba normas federales sobre vías fluviales navegables y comprometía la seguridad pública y la integridad humanitaria. La polémica se agudizó cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó el hallazgo de dos cuerpos en el área de las boyas el 3 de agosto de ese año.
El anuncio del nuevo “muro acuático” se da en un contexto de creciente militarización de la frontera sur estadounidense. Desde 2024, el Ejército ha instalado miles de señales de advertencia en zonas desérticas de Nuevo México y el oeste de Texas, declarando áreas restringidas bajo autoridad militar. Estos letreros —en inglés y español— prohíben el ingreso no autorizado y dan facultades a las tropas para detener a personas, en una práctica legalmente cuestionada por eludir la prohibición de que las fuerzas armadas apliquen leyes civiles.
Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial sobre esta nueva barrera, aunque se espera que la cancillería tome acciones diplomáticas, como ocurrió en 2023. La instalación de otro muro flotante podría representar una nueva afrenta a la soberanía fluvial de México, especialmente si se percibe que altera el flujo natural del río Bravo o implica riesgos humanitarios adicionales.
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