El gobierno de Estados Unidos ha comenzado la construcción de un gigantesco centro de detención de inmigrantes en Fort Bliss, al oeste de Texas, con capacidad para 5.000 personas, en lo que será la instalación de este tipo más grande en todo el país. El proyecto, impulsado por la administración del presidente Donald Trump, forma parte de su renovada estrategia de deportaciones masivas y control fronterizo.
Según el Departamento de Defensa, se adjudicó un contrato por 231.8 millones de dólares a la empresa Acquisition Logistics LLC, con sede en Virginia, para construir y operar este centro de detención de corta duración destinado a adultos solteros. El costo total del proyecto podría alcanzar los 1.200 millones de dólares y se espera que esté terminado en septiembre de 2027.
La instalación, descrita en documentos oficiales como un complejo de “muros blandos”, se refiere a un campamento de carpas, lo que ha despertado inquietudes entre organizaciones civiles por las condiciones en las que se retendría a los migrantes. El anuncio se produce apenas semanas después de la instalación del centro de detención improvisado conocido como “Alcatraz Caimán” en Florida, que fue construido en una pista de aterrizaje en medio de los Everglades.
Fort Bliss, ubicada en la ciudad fronteriza de El Paso, ya ha sido utilizada anteriormente para albergar migrantes, incluidos menores no acompañados. Sin embargo, este nuevo campamento representa una ampliación sin precedentes de la infraestructura de detención migratoria.
El presidente Trump ha hecho de la política migratoria una de las piedras angulares de su segundo mandato. A finales de junio firmó una legislación que asigna 170.000 millones de dólares a medidas migratorias, incluyendo 45.000 millones específicamente destinados a la detención de migrantes. Asimismo, el presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se multiplicará por diez en los próximos cinco años, alcanzando los 76.500 millones de dólares.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado duramente este nuevo paso del gobierno, al considerar que prioriza la militarización de la frontera sobre soluciones humanitarias y legales. También advierten sobre el riesgo de detenciones arbitrarias, hacinamiento y violaciones a los derechos básicos de los migrantes.
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