La política migratoria y laboral de Estados Unidos volvió a golpear al sector mexicano del autotransporte, luego de que 20 mil operadores nacionales perdieron sus visas de trabajo por no cumplir con los nuevos criterios de dominio del inglés exigidos por las autoridades estadounidenses. La medida forma parte del endurecimiento impulsado desde Washington para conductores de camiones de carga.
De acuerdo con Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la salida de miles de operadores mexicanos ya provocó presiones en el costo de los fletes dentro de Estados Unidos. El dirigente explicó que la restricción deriva de una disposición emitida por la Casa Blanca en 2025, que reforzó el requisito de inglés para quienes manejan vehículos comerciales.
El caso exhibe nuevamente el peso de las decisiones unilaterales de Estados Unidos sobre la economía regional. Mientras Washington endurece sus reglas bajo argumentos de seguridad, México enfrenta el retorno de miles de trabajadores especializados, así como el reto de reabsorberlos en un mercado interno que también opera bajo presión por costos, inseguridad y competencia logística.
Ramos Melo señaló que, con base en datos atribuidos a la American Trucking Association, entre abril de 2025 y abril de 2026 se retiraron 30 mil visas de trabajo para operadores, de las cuales 20 mil correspondieron a mexicanos y 10 mil a personas de otras nacionalidades. Esto representa una reducción relevante dentro del universo de permisos disponibles para el sector.
El presidente de Canacar reconoció que aún no existe claridad sobre la situación laboral actual de todos los operadores que regresaron a México. Indicó que el organismo busca localizarlos para saber si ya trabajan en el país, si continúan en la misma actividad o si quedaron fuera del sector, lo que abre un problema de seguimiento laboral y económico.
A este escenario se suma el impacto por el precio del diésel. Ramos Melo reportó que los transportistas pagaron en 2025 más de 22 mil millones de pesos en sobrecostos por combustible, aunque reconoció que el apoyo del gobierno mexicano para mantener el litro en 27 pesos ayudó a contener un golpe mayor para las empresas del Servicio Público Federal.
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