Estados Unidos anunció la designación como organizaciones terroristas de cuatro grupos de izquierda y antifascistas provenientes de Alemania, Italia y Grecia. La medida profundiza la ofensiva impulsada por el presidente Donald Trump contra movimientos vinculados al antifascismo.
El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, informó que las organizaciones Antifa Ost de Alemania, la Federación Anarquísta Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI) de Italia, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria de Grecia, serán clasificadas como terroristas globales y posteriormente añadidas al listado de organizaciones terroristas extranjeras.
Washington argumentó que los grupos europeos han realizado ataques o acciones violentas contra objetivos que consideran “fascistas”, instituciones gubernamentales o infraestructuras económicas. Según las autoridades estadounidenses, estas organizaciones han operado en distintos países y mantenido actividades de corte anarquista o insurreccional desde hace años.
¿Estrategia de criminalización o estrategia de inteligencia?
Sin embargo, la decisión se enmarca en una estrategia política más amplia del gobierno republicano, que desde 2020 ha tratado de consolidar la narrativa de que el llamado “Antifa” constituye una «amenaza para la seguridad nacional». Aunque especialistas y centros de estudio coinciden en que el antifascismo funciona principalmente como una ideología descentralizada, sin jerarquías ni membresías, la administración Trump insiste en presentarlo como un movimiento coordinado que busca desestabilizar gobiernos conservadores.
La medida parece responder más a un esfuerzo de criminalización política, en un contexto en el que las protestas contra Trump —especialmente en ciudades como Portland— han sido etiquetadas por la derecha como acciones radicales. La designación implica que cualquier persona vinculada a estos grupos no podrá ingresar a Estados Unidos y podría enfrentar cargos por proporcionar apoyo material, una categoría legal usada históricamente para perseguir disidencias bajo definiciones amplias.
La medida también presiona a gobiernos europeos, algunos de los cuales ya han seguido el ejemplo estadounidense, como Hungría, que clasificó al antifascismo como organización terrorista en septiembre. Para analistas, esto refleja un alineamiento ideológico internacional que podría utilizar la etiqueta de terrorismo con fines políticos y no necesariamente para enfrentar amenazas reales.
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