El gobierno de Estados Unidos anunció que permitirá la reventa de petróleo venezolano hacia sectores no gubernamentales en Cuba, bajo un esquema de licencias “favorables” administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La medida se limita a transacciones con fines comerciales y humanitarios, beneficiando principalmente al sector privado cubano. Sin embargo, quedan excluidas las operaciones vinculadas al ejército, inteligencia o instituciones estatales de la isla, reafirmando la política de presión contra el gobierno cubano.
Washington mantiene su narrativa de que Cuba representa “una amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional. Tras la operación militar de enero que derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela, Estados Unidos tomó control de las exportaciones de crudo venezolano, condicionando su destino.
El 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, reforzando el cerco económico contra la isla.
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