Las fuerzas militares de Estados Unidos anunciaron este martes la incautación de un séptimo buque petrolero sancionado que transitaba por el mar Caribe, cerca de las aguas venezolanas, como parte de la intensificada campaña de la Administración del presidente Donald Trump para controlar los flujos de petróleo del país sudamericano.
El buque, identificado como Motor Vessel Sagitta, fue detenido sin incidentes por fuerzas estadounidenses en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional durante la mañana, indicó el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado en la red social X. Las autoridades señalaron que la embarcación “operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe”.
Según registros de tráfico marítimo, el Sagitta había navegado anteriormente bajo banderas de Panamá y Liberia, y habría cargado petróleo venezolano en violación de sanciones impuestas por Washington.
Esta acción se produce en el marco del operativo denominado “Lanza del Sur”, diseñado para interceptar y detener embarcaciones sancionadas que entren o salgan de Venezuela, después de que Trump declarara una cuarentena naval sobre estos buques como parte de su estrategia geopolítica.
El Comando Sur no especificó si la Guardia Costera de Estados Unidos tomó el control físico del petrolero, como ha ocurrido en incautaciones anteriores, pero sí resaltó que el abordaje y la detención se realizaron sin confrontación.
Este séptimo incidente se suma a una serie de interceptaciones que han marcado la política exterior estadounidense en la región, en medio de tensiones crecientes tras la salida de Nicolás Maduro del poder a principios de enero. Trump ha defendido estas acciones como parte de una campaña para asegurar que el crudo venezolano se comercialice “de forma adecuada y legal”, y ha afirmado que Estados Unidos ya ha extraído decenas de millones de barriles de petróleo de Venezuela para su venta en mercados abiertos.
La estrategia ha generado críticas internacionales, incluyendo denuncias de “piratería” por parte de Caracas y cuestionamientos sobre la legalidad de las interceptaciones bajo el derecho marítimo internacional. Aunque Washington sostiene que sus acciones son legítimas bajo las sanciones vigentes, organismos y gobiernos afines a Venezuela han rechazado las incautaciones como violaciones de la soberanía y del comercio internacional.
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