Después de 40 días de inactividad, el Senado de Estados Unidos alcanzó un acuerdo preliminar para reabrir el gobierno federal, poniendo fin al cierre más prolongado en la historia del país. La medida, aprobada con una ajustada mayoría bipartidista, permitirá restablecer los salarios de más de 650 mil funcionarios y reactivar agencias claves como Agricultura y Asuntos de Veteranos hasta el 30 de enero de 2026.
El cierre del gobierno, que comenzó el 1 de octubre, se originó por el estancamiento entre republicanos y demócratas respecto a la renovación del presupuesto federal. El principal punto de fricción fue la financiación de los subsidios de salud del programa Obamacare y los apoyos alimentarios para millones de familias de bajos ingresos. La falta de acuerdo provocó la suspensión de servicios públicos esenciales, retrasos en aeropuertos, impago de nóminas y una fuerte presión económica sobre los empleados federales.
Durante semanas, el presidente Donald Trump insistió en recortar los subsidios sanitarios, argumentando que debían transferirse directamente a los ciudadanos para que gestionaran su cobertura. Sin embargo, el costo político del cierre —que afectó a millones de hogares y generó un impacto negativo en la economía— terminó por forzar una negociación. Analistas advirtieron que el PIB estadounidense podría haberse contraído hasta un 1.5% si la parálisis continuaba.
En el Senado, un grupo de ocho legisladores demócratas rompió con la línea de su partido para apoyar el acuerdo, convencidos de que prolongar el cierre habría agravado la crisis social y económica. Aunque la medida no resuelve las tensiones de fondo, permitió destrabar temporalmente los fondos y asegurar el pago retroactivo de los salarios atrasados.
El líder demócrata Chuck Schumer y la senadora progresista Elizabeth Warren rechazaron la propuesta, acusando al gobierno de usar a los ciudadanos más vulnerables como “rehenes políticos” mientras se desmantelan programas de bienestar. Desde su bancada, la senadora Jeanne Shaheen defendió el pacto como un paso pragmático que permitirá seguir negociando los subsidios de salud y alimentos antes de fin de año.
Aún falta que la Cámara de Representantes ratifique el acuerdo, donde persisten divisiones en ambos partidos. Sin embargo, todo apunta a que el Congreso aprobará el proyecto para evitar otro cierre en enero.
El fin de la parálisis no oculta las fracturas de un sistema político polarizado, en el que los desacuerdos sobre la atención médica y la asistencia social siguen siendo una bomba de tiempo para la administración Trump y para la estabilidad económica de Estados Unidos.
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