El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra 10 individuos y entidades con sede en Venezuela e Irán, a quienes vincula con el comercio internacional de armas, incluidos vehículos aéreos no tripulados (UAV) y sistemas relacionados con misiles.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), informó que las medidas buscan frenar la proliferación de armamento que, según Washington, representa una amenaza para la seguridad internacional y los intereses estadounidenses.
“El objetivo es hacer rendir cuentas a Irán y Venezuela por su agresiva y temeraria proliferación de armas mortales en todo el mundo”, señaló John K. Hurley, subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro. Agregó que la administración continuará negando el acceso al sistema financiero estadounidense a quienes faciliten actividades del complejo militar iraní.
Las sanciones se emiten en el marco de memorandos presidenciales de seguridad nacional orientados a restringir el programa de misiles balísticos de Irán, contrarrestar el desarrollo de armas convencionales y limitar los recursos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Las designaciones se aplicaron bajo las órdenes ejecutivas 13382 y 13949, que facultan al gobierno estadounidense a bloquear a proliferadores de armas de destrucción masiva y a actores implicados en la transferencia de armamento convencional.
Entre las entidades sancionadas figura la venezolana Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA) y su presidente, José Jesús Urdaneta González, señalados por su participación en la adquisición, ensamblaje y mantenimiento de drones de diseño iraní conocidos como Mohajer. De acuerdo con el Tesoro, desde 2006 Irán ha coordinado con Venezuela la provisión de estos UAV para la Fuerza Armada venezolana, donde son rebautizados como ANSU, incluidos modelos con capacidad de lanzar bombas aire-tierra.
La OFAC subrayó que estas acciones se suman a medidas previas en respaldo a la reimposición de sanciones de la Organización de las Naciones Unidas contra Irán, enfocadas en frenar sus programas de misiles y la transferencia de armamento.
Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, se prohíben, en general, las transacciones de personas estadounidenses con los sancionados, salvo que exista una licencia específica.
Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de estas sanciones puede derivar en sanciones civiles o penales, y que las instituciones financieras extranjeras que faciliten este tipo de operaciones podrían enfrentar sanciones secundarias bajo la legislación vigente.
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