En un nuevo acto de injerencia extranjera, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, impuso este miércoles sanciones contra el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, el juez que supervisa el proceso judicial por intento de golpe de Estado atribuido al expresidente Jair Bolsonaro.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense, las sanciones contra De Moraes incluyen restricciones de visado y congelamiento de activos, amparadas en la Ley Magnitsky, una legislación que suele aplicarse contra funcionarios extranjeros implicados en violaciones graves a derechos humanos o actos de corrupción.
La medida representa una escalada diplomática sin precedentes entre Washington y Brasil, y llega en un contexto de fuerte presión internacional sobre el avance judicial contra Bolsonaro, aliado ideológico de Trump y figura clave de la ultraderecha regional.
El magistrado Alexandre de Moraes ha sido una figura central en la defensa de la democracia brasileña, tras el intento de desestabilización institucional posterior a las elecciones presidenciales de 2022, en las que Bolsonaro fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde la Casa Blanca, Trump ha calificado reiteradamente el proceso legal contra Bolsonaro como una “cacería de brujas” y ha llegado a amenazar con imponer aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas si se continúa con el juicio.
En el comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó al juez De Moraes de encabezar una “campaña opresiva de censura”, incluyendo supuestas detenciones arbitrarias y procesos judiciales “politizados” contra opositores de derecha. Entre los motivos de las sanciones se incluye la remoción de contenido desinformativo y violento en redes sociales, ordenada por el juez en el marco de la defensa de la legalidad democrática.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil no emitió comentarios inmediatos, pero la decisión de Estados Unidos ha sido interpretada por diversos sectores políticos como un ataque directo al Estado de derecho brasileño y un intento de proteger a figuras vinculadas con el autoritarismo y la desinformación.