La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la 44.ª extensión del régimen de excepción, medida que suspende garantías constitucionales y se mantiene vigente desde marzo de 2022. Esta decisión permitirá continuar durante 30 días más la detención administrativa prolongada y la limitación de derechos fundamentales, incluyendo la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
El gobierno argumenta que la ampliación es necesaria debido a la persistencia de grupos criminales cuyas acciones podrían revertir los avances en seguridad alcanzados en los últimos años. Según el decreto legislativo, la medida ha logrado la captura de líderes de pandillas, incluyendo algunos deportados desde Estados Unidos y detenidos vinculados a México y Guatemala. Además, se observa que menores de edad han mostrado vínculos con pandillas a través de gestos y redes sociales, justificación que respalda la continuidad del régimen.
Desde la perspectiva oficial, la medida ha sido efectiva para reducir la violencia y recuperar territorios controlados por pandillas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, advierten sobre un incremento significativo en detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal, señalando que más de 8,000 personas han sido liberadas tras comprobarse su inocencia. La comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que algunas reformas legales bajo este régimen restringen la supervisión judicial y promueven la prisión preventiva automática, lo que genera preocupaciones sobre la erosión del Estado de derecho.
El análisis de WOLA (Washington Office on Latin America) indica que este régimen ya no se percibe como una medida temporal, sino como una herramienta política para contener el descontento social, afectando la separación de poderes y la independencia judicial. Aunque el régimen goza de alto respaldo popular por los resultados en seguridad, se ha generado un clima de miedo y autocensura entre la sociedad civil y la prensa.
A pesar de que el presidente Nayib Bukele asegura que la seguridad podría mantenerse sin la medida, organismos internacionales alertan sobre la normalización de esta excepción como política permanente, con riesgos para la protección de libertades fundamentales y la democracia en El Salvador. La extensión del régimen de excepción permanecerá vigente hasta el 1 de diciembre, según la votación de 57 de 60 diputados.
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