A casi un año del atentado contra Donald Trump en un mitin presidencial en Butler, Pensilvania, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha sancionado a seis de sus agentes por su responsabilidad en los fallos de seguridad que permitieron el ataque. Las sanciones, que variaron entre 10 y 42 días de suspensión, afectaron tanto a agentes de línea como a personal de supervisión, revelando fallos estructurales en todos los niveles del cuerpo de protección presidencial.
El incidente, ocurrido el 13 de julio de 2024, marcó un antes y un después en la campaña presidencial del exmandatario. Un francotirador logró herir a Trump en la oreja derecha, mientras que uno de los disparos impactó fatalmente a un asistente al evento, el bombero Corey Comperatore. El atacante, Thomas Matthew Crooks, de solo 20 años, fue abatido en el acto por los servicios de seguridad.
Tras una revisión interna y externa, las investigaciones evidenciaron una serie de fallos operativos y de planificación. Un informe independiente del Departamento de Seguridad Nacional fue particularmente duro, al calificar al Servicio Secreto como una institución burocrática y estática, alejada del estándar de élite que debería representar. Este análisis puso en evidencia que la agencia carecía de interoperabilidad con fuerzas locales, así como de una estructura de mando efectiva en el terreno.
En paralelo, un informe de la Cámara de Representantes subrayó que las deficiencias no se limitaron al evento de campaña en Pensilvania, sino que reflejaban una crisis más profunda en liderazgo, formación y asignación de responsabilidades. Se identificó que personal sin experiencia adecuada fue puesto a cargo de tareas críticas de planificación, lo que contribuyó a la vulnerabilidad del dispositivo de seguridad.
La presión pública y política derivada del atentado provocó la dimisión de la entonces directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, apenas diez días después del suceso. Aunque no se produjeron despidos, el subdirector Matt Quinn justificó las suspensiones como parte de un proceso más amplio de reforma interna, priorizando la solución de problemas estructurales en lugar de castigos ejemplares.
Entre las medidas implementadas posteriormente, la agencia introdujo una nueva flota de drones militares y centros de mando móviles, con el objetivo de mejorar la comunicación entre sus agentes y las fuerzas del orden locales. Esta interoperabilidad, inexistente al momento del atentado, fue clave para reforzar la capacidad de respuesta ante futuras amenazas.
La urgencia por elevar los estándares de seguridad se hizo más evidente semanas después, cuando Trump fue blanco de un segundo intento de atentado mientras jugaba al golf en Florida. A partir de ese momento, se le asignó protección de nivel presidencial, lo que obligó a su equipo de campaña a rediseñar los protocolos de seguridad en todos los eventos públicos.
Los legisladores calificaron los hechos en Butler como «trágicos y evitables», y exigieron a la agencia un compromiso firme para garantizar que este tipo de errores no vuelvan a repetirse. El Servicio Secreto, por su parte, ha aceptado la responsabilidad plena por lo ocurrido, mientras continúa adaptándose a las nuevas exigencias del entorno de seguridad nacional.
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