Un jurado federal en Houston, Texas, declaró culpable al empresario mexicano Ramón Alexandro Rovirosa Martínez por participar en un esquema de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP), con el que obtuvo beneficios comerciales por al menos 2.5 millones de dólares. El fallo fue dado a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), que advirtió que se trata de un mensaje contra prácticas de corrupción operadas desde territorio estadounidense.
Según la investigación, Rovirosa, de 46 años y residente de The Woodlands, Texas, pagó más de 150 mil dólares en efectivo, bienes de lujo y otros artículos de valor a por lo menos tres funcionarios de PEP entre 2019 y 2021. A cambio, los servidores públicos habrían favorecido a empresas vinculadas al empresario para retener contratos, asegurar pagos y obtener ventajas indebidas en sus negocios con dependencias de Pemex.
“Alexandro Rovirosa organizó un esquema para sobornar a funcionarios mexicanos con el fin de beneficiarse a sí mismo y a sus empresas”, señaló Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Criminal del DOJ. Añadió que el caso envía un mensaje claro: “No toleraremos esquemas de corrupción desde Estados Unidos, ya sea que los sobornos se paguen aquí o en el extranjero”.
El jurado lo halló culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de dos cargos adicionales por infringir la misma legislación. Fue absuelto de un cuarto cargo. De acuerdo con la normativa estadounidense, podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión. La fecha de sentencia será fijada por un juez federal.
El caso también involucra a Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, señalado como co-conspirador y actualmente prófugo. Ambos entregaron sobornos a funcionarios de Pemex y PEP para influir en decisiones que beneficiaran a las empresas relacionadas con Rovirosa.
FBI Houston, HSI Houston y la oficina del inspector general de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos participaron en la investigación. “Rovirosa creyó que su residencia en Houston lo protegería de las consecuencias de sobornar a funcionarios extranjeros (…) pero su plan le costó su libertad”, afirmó Douglas Williams, agente especial del FBI en Houston.
En México, el caso fue mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia del 15 de agosto, cuando afirmó que Pemex canceló contratos al detectar intentos de sobornos durante la administración de Octavio Romero Oropeza. Días después, la Secretaría de Anticorrupción detalló que tres exfuncionarios de Pemex —identificados como Roberto P., Juan V. y Erik N.— habrían recibido pagos ilegales de siete empresas estadounidenses y dos residentes de ese país.
Los fiscales Lindsey Carson, Samad Pardesi y Paul Ream, de la Sección de Fraudes del DOJ, así como el fiscal federal adjunto Brad Gray, llevan el caso en Texas. La sentencia definirá el futuro de uno de los esquemas de corrupción más recientes vinculados a la petrolera mexicana.
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