La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció este jueves que contratistas privados de seguridad, presuntamente estadounidenses, estarían implicados en ataques armados contra civiles palestinos en el norte de Gaza, en el marco del asedio militar impuesto por Israel.
“Entre quienes habrían abierto fuego contra civiles que intentaban conseguir comida figuran soldados israelíes y presuntos contratistas privados que trabajan con el ejército israelí”, declaró Jeremy Laurence, vocero del ACNUDH.
Los incidentes, según el informe, se produjeron en puntos de distribución de ayuda humanitaria, donde cientos de personas se congregaban en busca de alimentos ante la emergencia humanitaria catastrófica que sufre la Franja de Gaza.
Si bien no se mencionan directamente los nombres de las empresas involucradas, múltiples reportes de prensa y de organizaciones de derechos humanos han documentado la presencia de compañías estadounidenses como Academi (antes Blackwater), Triple Canopy o DynCorp operando en zonas de conflicto bajo contratos gubernamentales.
Hambre como arma de guerra
Laurence también denunció que las fuerzas israelíes habrían disparado contra personas que se acercaban a camiones de ayuda o esperaban comida, una práctica que podría constituir un crimen de guerra. “El uso del hambre como arma de guerra está prohibido por el derecho internacional”, advirtió.
Esta información se suma a las denuncias constantes de que Israel impone un bloqueo deliberado que impide la entrada de suministros esenciales, agravando aún más la situación de la población civil.
Responsabilidad internacional y complicidad estadounidense
Estas acusaciones coinciden con el proceso en curso ante la Corte Penal Internacional (CPI), que ha solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad.
El involucramiento de contratistas de seguridad estadounidenses pone en entredicho la posición oficial de Estados Unidos como «mediador imparcial» y lo sitúa directamente en el centro del conflicto como actor participante y facilitador de violaciones al derecho internacional.
