En 2025, las familias mexicanas se colocaron como el principal grupo detenido por autoridades de Estados Unidos, en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, de acuerdo con cifras oficiales y reportes de organismos internacionales.
Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) revelan que 39 mil 34 familias mexicanas fueron arrestadas durante ese año, superando a las provenientes de Venezuela (27 mil 953), Honduras (13 mil 209) y Guatemala (9 mil 643). Esta tendencia confirma a México como el país con mayor número de detenciones migratorias en territorio estadounidense.
El fenómeno ocurre en paralelo a una estrategia federal que ha priorizado operativos masivos, redadas y deportaciones. La organización Human Rights Watch denunció que estas acciones han derivado en separación familiar y en un ambiente de incertidumbre entre comunidades migrantes, especialmente latinas.
Según el organismo, las redadas se intensificaron inicialmente en ciudades como Los Ángeles y posteriormente se extendieron a otras regiones del país. En estos operativos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha sido señalado por realizar detenciones basadas en apariencia física o perfil étnico, lo que ha generado fuertes críticas.
El incremento en la presión migratoria también se refleja en el presupuesto federal estadounidense, que en 2025 destinó 170 mil millones de dólares a control fronterizo, detenciones y deportaciones, una cifra histórica que consolida la política restrictiva.
Especialistas advierten que el impacto va más allá de las cifras. Estiman que más de 600 mil personas han sido deportadas en lo que va del nuevo mandato de Trump, de las cuales cerca del 40% son mexicanas, es decir, alrededor de 240 mil casos. Cada uno implica consecuencias profundas: separación de familias, pérdida de ingresos y ruptura del tejido social.
Además, organizaciones civiles han documentado muertes bajo custodia y el uso de la fuerza durante operativos. Reportes señalan al menos 32 fallecimientos en centros de detención y ocho personas abatidas por agentes migratorios en lo que va del año.
La política de detenciones masivas también ha alcanzado a sectores vulnerables. De acuerdo con activistas, se han registrado arrestos de menores de edad —más de 400 casos— y hasta de ciudadanos estadounidenses, lo que pone en entredicho los criterios de selección de objetivos por parte de las autoridades.
En este contexto, México sigue siendo la principal diáspora en Estados Unidos, con más de 35 millones de personas de origen mexicano y cerca de 5 millones en condición irregular, lo que explica en parte su predominio en las estadísticas de detención.
Por otra parte, el despliegue de agentes del ICE se ha extendido a espacios no tradicionales como aeropuertos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó la presencia de oficiales en al menos 14 terminales aéreas, incluyendo Atlanta y Nueva York, para reforzar controles ante la falta de personal, lo que ha generado retrasos y nuevas preocupaciones entre viajeros.
Analistas coinciden en que, aunque las cifras son elevadas, las metas del gobierno estadounidense no se han alcanzado completamente debido a la resistencia social, la intervención judicial y las limitaciones operativas del propio sistema migratorio.
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