La crisis por el abastecimiento de combustibles continúa aumentando la presión sobre el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Una semana después del aumento de 84% al precio del diésel para grandes consumidores, persisten las filas y las dificultades para conseguir el combustible.
El ajuste aplica principalmente para usuarios que demandan grandes volúmenes y busca acercar el costo del diésel al precio internacional, además de reducir el gasto estatal destinado a subsidios. Sin embargo, productores agropecuarios aseguran que la medida no ha solucionado el desabasto.
Agricultores del oriente boliviano realizaron movilizaciones con tractores y preparan nuevas protestas para exigir suministro suficiente y la eliminación del incremento. El sector se encuentra en plena cosecha de invierno y advierte que la falta de combustible está retrasando sus actividades y elevando los costos.
Representantes agropecuarios también alertaron que el encarecimiento del diésel podría reflejarse posteriormente en los precios de alimentos y otros productos, además de favorecer el comercio irregular de combustible.
Las autoridades bolivianas han reconocido que la falta de dólares limita la capacidad del país para importar los combustibles necesarios, problema que mantiene bajo presión al mercado interno y provoca largas filas en estaciones de servicio.
La crisis económica coincide con el proceso judicial contra Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, quien permanece bajo detención preventiva mientras es investigado por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller. Las acusaciones continúan bajo investigación y no existe una sentencia en su contra.
El caso se suma al desgaste político del mandatario después de las protestas registradas entre mayo y junio y de los recientes desacuerdos dentro de su administración.
Mientras tanto, el estado de excepción permanece vigente hasta el 17 de septiembre, aunque productores y otros sectores ya han retomado movilizaciones y preparan nuevas medidas de presión contra las decisiones económicas del Gobierno.
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