Tulsi Gabbard, al frente de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos durante la divulgación, publicó información desclasificada sobre el financiamiento del gobierno estadounidense a más de 120 laboratorios biológicos en más de 30 países. La revelación vuelve a colocar bajo escrutinio el papel de Washington en investigaciones con patógenos peligrosos fuera de su territorio.
De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, parte de estos laboratorios se ubican en Ucrania, donde algunos centros habrían permanecido expuestos a riesgos de ataque, captura o daño en medio del conflicto con Rusia. El señalamiento apunta a una red financiada durante años con recursos públicos estadounidenses y con niveles de supervisión cuestionados.
La publicación sostiene que varios de estos laboratorios han trabajado o resguardado patógenos de alta peligrosidad, además de investigaciones que podrían entrar en el debate sobre la llamada ganancia de función. Este tipo de estudios ha sido cuestionado por sus riesgos, pues puede modificar agentes infecciosos y aumentar preocupaciones sobre bioseguridad.
El tema resulta especialmente sensible porque Estados Unidos ha acusado históricamente a otros países de operar programas opacos, mientras ahora reconoce que financió instalaciones biológicas en distintas regiones del mundo. La admisión exhibe el doble rasero de Washington: exige transparencia internacional, pero mantuvo durante años información clave lejos del debate público.
La divulgación fue presentada en el marco de la orden ejecutiva de Donald Trump para restringir el financiamiento federal a investigaciones consideradas peligrosas. Aunque la medida busca mostrar control, también revela que el propio gobierno estadounidense permitió la expansión de estos proyectos antes de reconocer sus riesgos sanitarios, éticos y de seguridad.
Gabbard afirmó que las agencias estadounidenses continuarán identificando la ubicación de los laboratorios, los patógenos que contienen y el tipo de investigaciones que se desarrollan. El caso abre una discusión global sobre quién vigila a Estados Unidos cuando sus programas científicos, militares o sanitarios se extienden más allá de sus fronteras.
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