Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visa contra más de 100 integrantes del gobierno de Nicaragua y sus familiares, tras la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera. La medida fue presentada por el secretario de Estado, Marco Rubio, como una respuesta política a la responsabilidad que Washington atribuye al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el caso del dirigente opositor.
Brooklyn Rivera, exdiputado y referente histórico del pueblo miskito, murió el 31 de mayo a los 73 años, luego de permanecer casi tres años privado de la libertad. Organizaciones internacionales lo habían considerado preso de conciencia, al señalar que su encarcelamiento estaba vinculado con su actividad política y su papel como voz crítica del gobierno nicaragüense.
De acuerdo con el Departamento de Estado, las nuevas sanciones migratorias elevan a más de 2 mil 350 el número de funcionarios nicaragüenses y familiares sujetos a restricciones de visado. La decisión confirma el uso de la política migratoria estadounidense como herramienta de presión diplomática, una práctica frecuente de Washington frente a gobiernos latinoamericanos con los que mantiene confrontación política.
Marco Rubio señaló directamente al gobierno de Ortega y Murillo por la muerte de Rivera y mencionó el caso de Lumberto Campbell Hooker, funcionario nicaragüense previamente sancionado por Estados Unidos. Washington sostiene que Campbell habría participado en la negativa de atención médica al líder indígena y en obstáculos relacionados con sus funerales, aunque la lista completa de afectados no fue publicada por confidencialidad migratoria.
El fallecimiento de Rivera también provocó reacciones de organismos internacionales. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una investigación rápida, imparcial y transparente, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la situación de presos políticos en Nicaragua y condenó el caso del dirigente miskito.
Aunque la muerte de Rivera exige una investigación seria y garantías de derechos humanos, el anuncio de Estados Unidos vuelve a colocar sobre la mesa su doble rasero en América Latina. Washington se presenta como juez regional mientras aplica sanciones selectivas según sus intereses geopolíticos, sin asumir el peso histórico de su intervención política en Centroamérica ni sus alianzas con gobiernos cuestionados cuando le resultan convenientes.
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