La detención de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González provocó una ola de pronunciamientos internacionales que exigen su liberación inmediata, ante las denuncias de una presunta persecución judicial contra dirigentes opositores al Gobierno de Daniel Noboa.
La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) rechazaron el arresto de la dirigente de Revolución Ciudadana, ocurrido durante la madrugada del jueves 22 de octubre en la provincia de Manabí, Ecuador.
Ambas organizaciones consideran que el procedimiento forma parte de una estrategia de persecución política destinada a debilitar a las fuerzas progresistas, particularmente cuando el país se aproxima a las elecciones locales del 29 de noviembre.
Desde Ciudad de México, la FDIM responsabilizó políticamente a la administración de Noboa por la detención y reclamó garantías para la integridad física y psicológica de González. Además, pidió su excarcelación y el respeto a sus derechos fundamentales.
La organización también cuestionó las políticas del mandatario ecuatoriano y denunció que las acciones contra sectores opositores buscan limitar la participación de quienes mantienen posiciones críticas frente al Gobierno.
Por su parte, la REDH denunció posibles irregularidades en el procedimiento judicial y exigió que se esclarezcan las condiciones de detención de la excandidata, así como el cumplimiento de las garantías legales correspondientes.
El organismo advirtió que el caso podría representar una nueva manifestación del denominado lawfare, concepto utilizado para describir el presunto uso de mecanismos judiciales con objetivos políticos.
Fiscalía busca mantener detenida a Luisa González
La captura ocurrió en la localidad de Canuto, dentro de un operativo relacionado con el caso Laberinto, mediante el cual la Fiscalía ecuatoriana investiga posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
Las autoridades indagan el presunto origen ilícito de recursos utilizados para propaganda electoral, dentro de una investigación que involucra a varias personas.
Este viernes 23 de octubre, la Fiscalía solicitó prisión preventiva contra González, acusada de presunto lavado de activos. Sin embargo, la existencia de una investigación no implica que se haya demostrado su responsabilidad penal.
La dirigente rechazó los señalamientos y sostuvo que su arresto tiene motivaciones políticas. También llamó a las organizaciones progresistas y a los integrantes de Revolución Ciudadana a mantener la unidad frente a lo que considera un deterioro de las condiciones democráticas.
Reclaman fin de la persecución contra la oposición
La REDH amplió sus exigencias al solicitar la liberación del exvicepresidente Jorge Glas y el cese de las acciones que considera persecutorias contra Rafael Correa, Andrés Arauz y otros representantes opositores.
Asimismo, reclamó garantías para periodistas, organizaciones sociales y dirigentes populares, al advertir que las medidas de seguridad del Gobierno no deben justificar restricciones indebidas a los derechos humanos.
La controversia ocurre después de que González quedara fuera de la contienda por la Prefectura de Manabí, una decisión electoral que Revolución Ciudadana también ha cuestionado.
Mientras la Fiscalía sostiene que el proceso responde a presuntas irregularidades financieras, las organizaciones que respaldan a González insisten en exigir su liberación y una investigación con garantías de independencia judicial.
El caso profundiza la confrontación política en Ecuador y coloca bajo atención internacional las condiciones en que se desarrollan los procesos judiciales contra figuras de la oposición.
Fotografía: Redes
