En un fallo sin precedentes en la historia judicial y política de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, convirtiéndose en el primer exmandatario colombiano en recibir una condena penal.
La sentencia fue dictada por la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien además impuso a Uribe una multa superior a los 3.400 millones de pesos (más de 822.000 dólares) y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años. La jueza ordenó su traslado inmediato a su finca en Rionegro, Antioquia, para el cumplimiento de la pena en modalidad domiciliaria.
El fallo sorprendió tanto a la opinión pública como a los propios actores del proceso, ya que supera la pena solicitada por la Fiscalía, que había propuesto una condena de nueve años de cárcel. La jueza determinó un total de 144 meses de prisión, tras considerar agravantes como el uso de intermediarios para sobornar testigos en al menos tres ocasiones y el concurso de varios delitos.
“La conducta más grave resultó ser la del soborno en actuación penal, adoptado como delito base”, sostuvo Heredia. Además, sumó dos años más de pena por el delito de fraude procesal, concluyendo en los 12 años impuestos.

Un proceso iniciado por el propio Uribe
La condena se origina en un caso que comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema decidió no investigar a Cepeda y en su lugar abrió una investigación contra Uribe, al encontrar indicios de que el expresidente habría intentado influenciar testimonios a su favor.
Durante el juicio, la jueza consideró probado que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, intentó ofrecer beneficios económicos a testigos encarcelados para que cambiaran sus versiones y lo desvincularan de sus presuntos nexos con grupos paramilitares. Aunque su defensa alegó desconocimiento de las acciones de Cadena, el tribunal determinó que el exmandatario estaba al tanto y dirigía la estrategia legal y mediática.
El partido Centro Democrático, fundado por Uribe, calificó el fallo como una persecución política. La senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia afirmó que la detención domiciliaria es “una maniobra para sacarlo de la contienda de 2026”. Por su parte, Gabriel Vallejo, director del partido, declaró que se ha condenado “a un hombre inocente”.
Uribe, de 73 años, mantiene su inocencia y ha asegurado que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. Con ello, el caso podría extenderse por varios meses más, aunque el cumplimiento de la pena comenzará mientras se tramita la apelación.
Con más de 1.100 páginas de sentencia y un proceso judicial que se ha extendido por más de una década, el caso ha sido considerado el “juicio del siglo” en Colombia. La jueza calificó a Uribe como “el hombre más poderoso del país”, al subrayar la gravedad de que un expresidente haya utilizado su posición e influencia para alterar el curso de la justicia.
Además del impacto jurídico, el caso tiene implicaciones profundas en el panorama político de Colombia, en especial a pocos meses del inicio de la carrera presidencial para las elecciones de 2026.

Una audiencia tensa y una sentencia filtrada
La sesión de este viernes estuvo marcada por tensiones. Uribe interrumpió a la jueza tras acusaciones de que su familia filtró el contenido del fallo antes de su lectura oficial. Heredia criticó duramente las publicaciones hechas por allegados al exmandatario y lamentó la falta de “gallardía” de quienes no asistieron a la audiencia, pero sí difundieron información confidencial.
La defensa de Uribe aún puede apelar, pero la jueza ordenó que la pena comience a cumplirse de inmediato, considerando que se superan los requisitos legales para la ejecución anticipada.
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