Los familiares de dos hombres originarios de Trinidad y Tobago presentaron una demanda por homicidio culposo contra el gobierno de Estados Unidos, luego de que ambos murieran durante un ataque con misiles lanzado contra una presunta narcolancha cerca de las costas de Venezuela. La querella sostiene que se trató de una campaña militar “manifiestamente ilegal” dirigida contra embarcaciones civiles, sin autorización del Congreso estadounidense y en violación del derecho internacional.
La demanda fue presentada este martes ante un tribunal federal en Boston, con el acompañamiento de organizaciones de derechos civiles, y se convierte en el primer desafío judicial directo contra una serie de ataques autorizados por el gobierno del presidente Donald Trump, que desde septiembre han dejado más de 120 personas muertas en el mar Caribe y el océano Pacífico.
Pescadores y trabajadores, no criminales
Las víctimas fueron identificadas como Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, quienes se encontraban entre las seis personas fallecidas durante el ataque del 14 de octubre. De acuerdo con la demanda, ambos realizaban trabajos de pesca y agricultura en Venezuela y regresaban a su comunidad en Las Cuevas, Trinidad, cuando su embarcación fue impactada por un misil estadounidense.
Los familiares sostienen que los hombres no estaban armados, no participaban en actividades ilícitas y no representaban amenaza alguna. Aun así, fueron atacados sin advertencia previa, en lo que describen como un uso desproporcionado y letal de la fuerza contra civiles en aguas internacionales.
“Se trata de asesinatos a sangre fría y sin ley; asesinados por deporte”, denunció Baher Azmy, abogado del Center for Constitutional Rights, al afirmar que el caso busca que un tribunal establezca responsabilidades y frene una política que opera fuera de los márgenes legales.
Una campaña militar sin control ni rendición de cuentas
La querella señala que el ataque forma parte de una ofensiva militar encubierta que ha incluido al menos 36 ataques con misiles contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Sin embargo, las organizaciones denunciantes subrayan que el gobierno estadounidense no ha hecho pública evidencia concreta que demuestre que las lanchas atacadas estuvieran involucradas en actividades criminales.
La demanda fue presentada con el respaldo de la American Civil Liberties Union y se ampara en dos instrumentos legales clave: la Ley de Muertes en Alta Mar, que permite a familiares demandar por muertes causadas por negligencia en aguas internacionales, y el Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, una ley histórica que faculta a personas no estadounidenses a acudir a tribunales de EE.UU. por violaciones al derecho internacional.
Organizaciones de derechos humanos advierten que esta estrategia militariza la política migratoria y antidrogas, pone en riesgo a comunidades costeras y trabajadores del Caribe, y normaliza ejecuciones extrajudiciales lejos del escrutinio público. El caso, señalan, podría sentar un precedente clave para exigir rendición de cuentas a Washington por el uso de fuerza letal fuera de escenarios de guerra.
