Donald Trump anunció la nominación de Jay Clayton como próximo director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, una designación que vuelve a colocar bajo tensión la relación con México. El elegido por Trump es el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, oficina que encabeza el expediente contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa.
La decisión ocurre después de la salida de Tulsi Gabbard del cargo y tras los cuestionamientos por el intento de colocar a Bill Pulte como director interino, pese a las críticas por su falta de experiencia en inteligencia. Con Clayton, Trump apuesta por un perfil judicial y político cercano a su administración para coordinar a las agencias de inteligencia estadounidenses.
Clayton ganó notoriedad reciente por la acusación presentada en abril contra Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; el senador Enrique Inzunza; el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega; el general retirado Gerardo Mérida Sánchez; y otros exfuncionarios estatales. Washington los señala de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, aunque el caso permanece en etapa de acusaciones.
El nombramiento abre un nuevo frente político, pues coloca a un fiscal involucrado en un expediente sensible para México al frente del aparato de inteligencia estadounidense. La administración Trump vuelve a mezclar seguridad, justicia y presión diplomática en un caso que puede impactar directamente la relación bilateral.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que cualquier solicitud de extradición o cooperación judicial debe acompañarse de pruebas sólidas y respetar los mecanismos legales. El gobierno mexicano ha rechazado actuar únicamente con base en señalamientos de Washington, especialmente cuando está en juego la soberanía y el debido proceso.
La nominación aún deberá ser revisada por el Senado de Estados Unidos. Si Clayton es ratificado, asumirá el control de la coordinación de inteligencia en un momento en que Trump endurece su discurso sobre narcotráfico, frontera y seguridad, mientras México exige evidencia y respeto institucional.
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