La Procuraduría General de la República de Brasil (PGR) ha solicitado formalmente al Supremo Tribunal Federal (STF) una condena ejemplar para el expresidente Jair Bolsonaro, acusándolo de ser el líder de una red organizada que buscaba desestabilizar el orden institucional tras las elecciones de 2022. La petición de la fiscalía marca el cierre de la etapa de alegatos dentro del proceso penal abierto contra el exmandatario y varios de sus colaboradores más cercanos.
Según la acusación, Bolsonaro no actuó solo: habría dirigido una estructura integrada por altos mandos militares, exministros y asesores que intentaron impedir la toma de posesión del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, a través de actos que apuntaban a la ruptura del orden democrático. La fiscalía describe esta acción como un intento de golpe de Estado, acompañado de la difusión sistemática de noticias falsas para desacreditar el sistema electoral brasileño.
Entre los acusados junto al expresidente se encuentran figuras clave como Mauro Cid, exayudante de órdenes; Walter Braga Netto, exministro y general; Alexandre Ramagem, diputado y exdirector de inteligencia; así como altos mandos militares y exministros como Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira. Todos ellos enfrentan cargos por organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio federal.
La PGR argumentó que la coordinación de estas acciones fue meticulosamente planificada, con la intención de subvertir el resultado electoral. Mauro Cid, en particular, es señalado por haber participado directamente en la estrategia para movilizar apoyos y sembrar dudas sobre la legitimidad de las instituciones, incluyendo ataques al STF y al Tribunal Superior Electoral (TSE).
Durante esta fase final del juicio, tanto la fiscalía como las defensas presentaron sus argumentos y pruebas. Según el análisis de los fiscales, las declaraciones y evidencias recogidas durante la etapa de instrucción son contundentes y permiten sustentar la responsabilidad penal de los involucrados. Se espera que el STF emita su resolución en los próximos meses, lo que podría significar penas de más de 40 años de prisión para cada uno de los acusados.
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